En un nuevo intento por imponer la agenda del aborto a los países que aún protegen la vida desde la concepción, activistas y organismos internacionales están utilizando mecanismos de presión en el seno de la ONU para debilitar la legislación provida de Guatemala.
La nación centroamericana, una de las pocas en el mundo que todavía reconoce en su legislación el derecho a la vida del niño por nacer, enfrenta ahora una ofensiva diplomática y legal disfrazada de preocupación por los derechos humanos.
Compromiso con la vida
En septiembre de 2018, miles de guatemaltecos —más de 20.000 personas— se volcaron a las calles de la capital vestidos de azul, color símbolo del movimiento provida en América Latina. Con pancartas, globos y fotos de bebés en el vientre materno, lograron frenar una propuesta legislativa que buscaba flexibilizar las leyes contra el aborto. Ese día, Guatemala reafirmó su compromiso con la vida.
Pero los intentos por socavar la soberanía guatemalteca no han cesado.
En 2017, el país rechazó la presencia del barco abortista “Women on Waves”, enviado por activistas holandeses para distribuir píldoras abortivas de forma ilegal. La respuesta del gobierno fue clara: el ejército colocó la embarcación bajo custodia y declaró que actuaría “en defensa de la Constitución y la vida humana”.
Ahora, los promotores del aborto han redoblado sus esfuerzos, acudiendo a instancias de la ONU para ejercer presión internacional.
Según el Centro para la Familia y los Derechos Humanos (C-Fam), un comité de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas exigió recientemente a Guatemala que revise sus leyes, alegando que la prohibición del aborto constituye una violación a los derechos humanos.
Lo más preocupante de esta declaración es que redefine arbitrariamente el término “embarazo forzado” para incluir cualquier caso en que se niegue un aborto.
Este uso ideologizado del lenguaje representa un peligroso precedente. De acuerdo con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, “embarazo forzado” se considera un crimen contra la humanidad y un crimen de guerra, equiparándolo a la tortura.
Esto significa que la práctica de obligar a una mujer a quedar embarazada, como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, puede ser procesada por la CPI. Por “embarazo forzado” se entiende el confinamiento ilícito de una mujer a la que se ha dejado embarazada por la fuerza, con la intención de modificar la composición étnica de una población o de cometer otras violaciones graves del derecho internacional.
Esta definición excluye explícitamente cualquier interpretación que afecte las leyes nacionales sobre el aborto.
Aun así, el comité de la ONU omitió toda referencia al Estatuto de Roma y exigió que Guatemala compense a una joven de 14 años a quien se le negó un aborto, y que reforme su legislación para garantizar el acceso al aborto en casos de violencia sexual.
Agenda ideológica
En lugar de respetar la soberanía de las naciones, han optado por utilizar organismos internacionales para condicionar su participación en la comunidad global al cumplimiento de una visión ideológica que incluye el aborto, la educación sexual integral obligatoria y los mal llamados «derechos reproductivos y de género».
El intento de redefinir “embarazo forzado” en tratados internacionales en curso, como el nuevo tratado sobre crímenes de lesa humanidad que se discute en la Asamblea General de la ONU, es una muestra clara de esta estrategia.
Como bien señala Stefano Gennarini, del C-Fam, la táctica consiste en reinterpretar el derecho internacional y aplicar presiones legales que erosionen los principios provida sin necesidad de aprobación democrática.
Guatemala, bajo la presidencia anterior de Alejandro Giammattei, se declaró “la capital provida de Iberoamérica”, una postura que su sucesor, Bernardo Arévalo, ha mantenido aunque con menor vehemencia. Sin embargo, es crucial que el gobierno actual no ceda a estas presiones externas y defienda tanto su soberanía como el derecho inalienable a la vida de todos sus ciudadanos, nacidos y no nacidos.
La batalla que enfrenta Guatemala no es solo legal o diplomática: es una batalla moral y cultural.
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