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domingo, abril 20, 2025

Guatemala. Comunidades desalojadas en Izabal viven una crisis humanitaria silenciada

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Una comisión de derechos humanos de Costa Rica y el Comité Campesino del Altiplano visitaron el departamento de Izabal y encontraron que las comunidades desalojadas durante el gobierno del presidente Bernardo Arévalo viven en condiciones de abandono.

Las familias Q’eqchi’ han sufrido violaciones sistemáticas a sus derechos humanos, indicaron las organizaciones que pidieron la intervención urgente de organismos nacionales e internacionales.


Por Juan Bautista Xol

Durante una visita realizada por una comisión de derechos humanos de Costa Rica, acompañada por el Comité Campesino del Altiplano (CCDA), se evidenciaron las condiciones inhumanas en las que se encuentran las familias Q’eqchi’, de Izabal, que han sido víctimas de desalojos.

Alberto Cabezas, representante de la Asociación Agencia para el Desarrollo Accesible Sin Fronteras y de la Confederación Unitaria de Trabajadores, afirmó que en la visita constataron las violaciones sistemáticas de derechos humanos hacia las comunidades indígenas que luchan para la recuperación de tierras, acceso a servicios básicos y seguridad jurídica.

“Se documentaron casos de desplazamiento forzado, desalojos sin debido proceso, criminalización de líderes comunitarios y amenazas constantes por parte de actores armados y estructura del poder local”, afirma Cabezas.

Una comisión de DDHH de Costa Rica y el Comité Campesino del Altiplano dieron las conclusiones de su visita a Izabal. Foto de cortesía

Durante el recorrido que hicieron en Guatemala, entre el 18 de marzo al 7 de abril de este año, visitaron las comunidades: Buena Vista y Santa Rosita, del municipio de El Estor, así como otras comunidades de Livingston que viven bajo la amenaza de desalojo.

La falta de acceso al agua potable, la electricidad, salud y la educación para la niñez muestra como el Estado de Guatemala abandona y vulnera la vida de las familias que viven en condiciones inhumanas y desiguales, enfrentando hambre y enfermedades sin atenciones médicas, indicó Cabezas después de conocer la realidad de las comunidades de Izabal, especialmente Río Tebernal y Buena Vista.

Desalojos durante el gobierno de Arévalo

En los primeros dos años de gobierno de Bernardo Arévalo se han registrado dos desalojos en Izabal. En el 2024 fueron desalojadas las familias de Buena Vista, en la finca Tz’inté quienes tuvieron que dejar todos sus cultivos y pertenencias abandonados.

El cinco de marzo de este año fueron desalojadas las familias de Río Tebernal de Livingston. Un día después del desalojo tres carros particulares llegaron a disparar a las familias que se habían quedado a orillas de la carretera, cuatro de ellos resultaron heridos. Al llegar al hospital en la cabecera departamental denunciaron que no fueron atendidos.

El pasado 7 de abril hubo otros intentos de desalojos como el de la comunidad Yajoa vecina de Livingston que han permanecido en el lugar desde hace décadas. En el caso de Macho Creek el CCDA afirma que se asentó desde el año 1913.

Crisis humanitaria silenciada

Leocadio Juracán, representante del CCDA, indicó que el objetivo de la visita fue constatar las graves violaciones a los derechos humanos, documentar las voces de las familias, conocer la realidad en la que se encuentran y denunciarlos ante las instancias internacionales de derechos humanos para que se atiendan las demandas de las comunidades indígenas y campesinas en Guatemala.

Una de las conclusiones es que existe una crisis humanitaria silenciada con fuertes raíces de desigualdad histórica y el despojo territorial, se tomó en cuenta que las acciones del Estado y de algunos sectores empresariales están favoreciendo la concentración de la tierra, desplazando a comunidades originarias, que para Juracán, representa una forma moderna de colonización interna.

Una comisión de DDHH de Costa Rica y el Comité Campesino del Altiplano dieron las conclusiones de su visita a Izabal. Foto de cortesía

“Es urgente la intervención de organismos nacionales e internacionales que exijan al estado de Guatemala el respeto a los derechos humanos, el reconocimiento legal de los territorios ancestrales y la protección efectiva de líderes comunitarios” concluyó.

La vista de la comisión finalizó con una rueda de prensa en la que dieron a conocer las violaciones que documentaron en su recorrido y manifestaron que presentarán los casos en un informe en las instituciones internacionales de derechos humanos.

Redacción

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