El secretario General del Ministerio Público (MP) de Guatemala, Edwin Chavajay, confirmó que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) será disuelta, porque ha perdido su objetivo.
La Fiscalía nació en 2006 como resultado del acuerdo de creación de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), firmado entre el Gobierno de Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Aunque en sus inicios se le conoció como Unidad Especial de Fiscalía, en 2011 adoptó formalmente el nombre de Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), la cual, en conjunto con la CICIG, destaparon los casos de corrupción pública y privada más relevantes en la historia reciente de Guatemala, al extremo que llevó a la renuncia y detención del expresidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti, abriendo casos como Cooptación del Estado, Construcción y Corrupción, y otros sobre financiamiento electoral ilícito.
Durante una audiencia pública en la obre los “Retos y oportunidades para el fortalecimiento institucional del Ministerio Público”, celebrada en el 196 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Chavajay confirmó la liquidación de la FECI.
“Se va a iniciar el procedimiento para la liquidación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FECI, la cual había perdido el objetivo por el cual había sido creada y fue uno de los principales conductos por medio de los cuales se instrumentalizó el derecho penal”, afirmó Chavajay.
Esta decisión ya había sido anunciada con anterioridad por el nuevo Fiscal General y jefe del MP, Gabriel García Luna, quien afirmó que esta instancia ha generado descrédito institucional y falta de cumplimiento de los objetivos legales de persecución objetiva.
Además, dijo que se haría una auditoría técnica y jurídica de los casos en trámite y de aquellos declarados bajo reserva para verificar si procede levantar dicha medida.
Uno de los períodos más revelantes de la FECI se vivió bajo la dirección del exfiscal guatemalteco Juan Francisco Sandoval, quien se encuentra en el exilio por casos de persecución penal, impulsado durante la administración de Consuelo Porras, bajo la dirección Rafael Curruchiche, ambos sancionados por diversos países, incluido Estados Unidos por considerarlos personas corruptas y antidemocráticas.
En entrevista con Infobae, Sandoval aseguró que la liquidación de la FECI “marca el cierre de una etapa muy importante en la lucha contra la corrupción en Guatemala” y recordó que esta entidad surgió para investigar estructuras criminales complejas, particularmente vinculadas a redes de corrupción e impunidad que habían logrado capturar instituciones del Estado.
“Su creación respondió a la necesidad de contar con un equipo especializado, con metodologías de investigación y coordinación con la CICIG, para enfrentar fenómenos que las fiscalías ordinarias difícilmente podían abordar”, dijo.
Agregó: “Durante muchos años, la FECI demostró que era posible investigar a funcionarios, empresarios, militares y redes criminales con independencia y rigor técnico. Lamentablemente, en los últimos años la fiscalía fue desnaturalizada. Dejó de perseguir las grandes estructuras de corrupción y comenzó a ser utilizada para criminalizar a operadores de justicia, periodistas, defensores de derechos humanos y otras personas críticas del poder”.
Mientras que afirmó sentir una mezcla entre nostalgia y esperanza, tras conocer la decisión de liquidar la FECI, Sandoval reconoció la debilidad de esa instancia en los últimos años, pero consideró de vital importancia mantener una unidad especializada para investigar este tipo de estructuras.
“Más allá del nombre de la fiscalía, lo verdaderamente importante es que el Ministerio Público recupere una unidad especializada, independiente y profesional para combatir la corrupción y las estructuras criminales de alto nivel. Si la liquidación de la FECI significa cerrar un capítulo de instrumentalización política y abrir otro de fortalecimiento institucional, puede ser una oportunidad positiva. Pero ese cambio deberá reflejarse en hechos concretos: investigaciones objetivas, respeto al debido proceso y persecución de la corrupción sin distinciones”, subrayó el exjefe de la FECI.
