Las redes criminales transnacionales utilizan este fenómeno para lavar dinero y fortalecer economías ilícitas, subrayó el especialista, quien participó junto a otros colegas en un estudio sobre el tema en el país.
Esta nación y las vecinas tienen un estándar demasiado débil de capacidad institucional para poner en claro, intervenir y controlar el comercio ilegal y el contrabando especialmente, expuso.
Las fronteras son porosas, los organismos de inteligencia e investigación no saben cómo investigar, el Ministerio Público no tiene unidades especializadas y fuertes, amplió Buitrago.
Si se quiere acabar, mitigar o controlar el problema, hay que abrir pesquisas para desarticular a los corruptos que están detrás, quitarles los bienes y los activos a esas estructuras, además de ir tras los cabecillas, subrayó.
El reto –comentó- exige acciones coordinadas entre los sectores público y privado, así como la implementación de mecanismos de control más rigurosos en las fronteras.
Llamó a entender que esto no solo es una función policial de las aduanas o de la justicia, es un fenómeno que tiene que involucrar a todos los actores de la sociedad, inclusive a la academia.
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) decomisó al contrabando en Guatemala de enero a abril pasado mercancía valorada en el equivalente a 2,4 millones de dólares.
El 56,24 por ciento del total capturado fue al sector del comercio, 31,29 textiles, confecciones y calzado, 5,68 farmacéuticos, 3,07 alimentos procesados, 0,74 granos básicos, 0,65 artículos de higiene, entre otros.
El contrabando no se limita a los decomisos de mercancías incautadas, sino que deben implementarse acciones que generen una percepción de riesgo y fomenten el cumplimiento voluntario del pago de impuestos, subrayó el intendente de Aduanas de la SAT, Edwin Curtidor.
El trabajo conjunto de varias entidades chapinas permitió el decomiso de más de 75 millones de quetzales (alrededor de 9,7 millones de dólares) en 2024 en productos de contrabando.
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