El crecimiento del sistema de transmisión en Guatemala avanzó a un ritmo de 1,5% anual, mientras la demanda eléctrica aumentó cerca de un 4% por año. Para David Eduardo Cabrera Palomo, presidente de la Asociación Guatemalteca de Transportistas de Electricidad (AGTE), esta brecha implicó que “el país debía duplicar su red y más que duplicar su potencia firme en los próximos 20 años”.
La planificación de esta expansión se estableció en el Plan de Expansión del Sistema de Transporte (PET), que el Ministerio de Energía y Minas debía actualizar cada dos años con un horizonte mínimo de 10 años. Cabrera subrayó que este instrumento “debía identificar y priorizar las obras que respondieran tanto al crecimiento proyectado como a los retos actuales de nuevas tecnologías, resiliencia y cobertura”.
La visión, añadió, debía integrar las perspectivas de generadores, transportistas y distribuidores para reflejar con precisión las necesidades reales del sistema.
El panorama actual reveló zonas con alto potencial renovable, como el oriente del país, que presentaban restricciones críticas. El Administrador del Mercado Mayorista (AMM) advirtió sobre déficit de potencia reactiva en la región, lo que obligó, en escenarios de contingencia, a despachar generación forzada, restringir demanda e instalar bancos de compensación.
“Si se concentraban grandes volúmenes de inyección en puntos sin infraestructura adecuada, sería indispensable ampliar o reforzar la red”, indicó Cabrera.
La infraestructura de transmisión no solo debía ser robusta y redundante, sino también flexible para adaptarse a la variabilidad de las renovables. Esto incluía extender el alcance de la red a zonas no cubiertas por la distribución con calidad, contribuyendo a un desarrollo territorial más equitativo. Cabrera recalcó que “el transporte era el habilitador del crecimiento ordenado y eficiente del sistema eléctrico nacional” y que su modernización era inaplazable.
Para cerrar la brecha con la demanda, AGTE propuso licitaciones periódicas cada dos años, tal como establecía la Ley General de Electricidad, y el fortalecimiento del régimen de obras por iniciativa propia para complementar la expansión.
Cabrera defendió que “una agenda predecible permitía planificar recursos, optimizar ejecución y responder a la integración de nuevas fuentes renovables”.
En materia regulatoria, planteó ajustes como la digitalización de trámites, plazos máximos para resoluciones municipales y gubernamentales, y mejoras en el proceso de obtención de servidumbres y permisos comunitarios. También destacó la importancia de la ciberseguridad, especialmente con la incorporación de sistemas más digitalizados y automatizados en la operación de la red.
De cara al futuro, Cabrera resumió el desafío en una frase: “Sin transporte no había transición: si no acelerábamos la inversión en transmisión, el crecimiento de la generación renovable quedaría atrapado en los puntos de conexión”.
