En un paso significativo para la seguridad nacional, Guatemala está lista para declarar oficialmente como terroristas a las pandillas que operan en su territorio. Esta medida histórica es posible a la aprobación de una nueva ley por parte del Congreso de la República, misma que ya cuenta con el aval y la firma del presidente Bernardo Arévalo.
La legislación apunta directamente contra estructuras criminales como el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13), incluyendo sus diferentes clicas y subgrupos.
La entrada en vigencia de esta normativa busca cambiar la estrategia de combate a estos grupos, equiparando sus acciones con el terrorismo.
Puntos clave de la nueva ley
La ley aprobada incluye varios ejes que buscan impactar directamente en la operación y en el sistema de justicia aplicable a los pandilleros. Los puntos más destacados son:
- Creación de base de datos: Se establecerá una base de datos exhaustiva de todos los reclusos que se encuentran en los centros carcelarios del país.
- Cárcel de máxima seguridad: La ley contempla la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad. La ubicación para este centro penal ya ha sido determinada en un departamento específico de Guatemala.
- Juicios en salas de alto riesgo: Los pandilleros serán juzgados en una Sala de Alto Riesgo, reconociendo la seriedad y el peligro que representan para el sistema judicial.
- Aumento de penas: Se endurecen las penas de prisión para los pandilleros, estableciendo un rango de 14 a 18 años de prisión.
- Sanciones económicas: Se imponen multas considerables, que oscilan entre 100 mil y 140 mil quetzales (aproximadamente 12 mil 800 a 18 mil dólares, según la conversión actual).
Triunfo ante el crimen organizado
Estos puntos ya están incluidos en la ley y, con la aprobación del Presidente Arévalo, la normativa está próxima a entrar en vigencia, marcando un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado y la violencia vivida desde hace muchos años en Guatemala.
Este decreto se estaría publicando este 10 de noviembre y legisladores declaran que «el propósito es fortalecer la legislación contra estos grupos criminales que durante años le han robado la paz, la vida y el patrimonio de los guatemaltecos».
