El canciller de Guatemala, Carlos Martínez, denunció este miércoles ante la Organización de Estados Americanos (OEA)un «golpe de Estado técnico» contra el gobierno del presidente Bernardo Arévalo, en medio de una arremetida judicial de la fiscalía.
El mandatario denunció el domingo un nuevo intento de «golpe de Estado», después de que un juez, a pedido de la fiscalía a cargo de la polémica procuradora general, Consuelo Porras, ordenara al tribunal electoral la anulación absoluta del partido del presidente, Semilla.
Arévalo consideró ese fallo como un intento por desconocer su victoria electoral de 2023 y pidió una sesión extraordinaria en la OEA.
«Estamos llamando la atención de este Consejo Permanente a los intentos de promover un golpe de Estado técnico en Guatemala bajo el asedio de la guerra legal o ‘lawfare'», afirmó Martínez en la sesión.
Se está fraguando «bajo el asedio de la guerra legal o ‘lawfare’. Esto que estamos viviendo es un uso abusivo de las instancias judiciales arropándose bajo una aparente legalidad», agregó.
Asimismo, aseguró que «ninguna institución está por encima de la voluntad popular, y por ello condenamos el uso de ‘lawfare’ como herramienta para deslegitimar gobiernos electos», insistió.
Varios países miembros de la OEA respaldaron al gobierno de Arévalo, blanco de una nueva ofensiva desde la fiscalía de Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por considerarla «corrupta» y «antidemocrática».
La Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial, ratificó el miércoles la validez del triunfo electoral e investidura de Arévalo.
Pero la fiscalía pidió poco después a la Corte de Justicia que se retire la inmunidad a Arévalo para investigarlo por supuesto incumplimiento de deberes por la fuga de prisión de 20 cabecillas de la pandilla Barrio 18, considerada organización «terrorista» por Estados Unidos y Guatemala.
