En conferencia de prensa frente a la capitalina Corte Suprema de Justicia, representantes de estas entidades nacionales e internacionales (más de 60) señalaron que el caso continúa causando gran indignación.
Ello –acotaron en un comunicado leído en ese sitio- porque se está manipulando el sistema penal para perseguir injustamente a dos exdirigentes que participaron en la lucha del pueblo chapín por la defensa de la democracia en 2023.
Alianza por las Reformas y Asociación de Mujeres Alas de Mariposas expresaron respeto y reconocimiento a ambos y a todas las autoridades indígenas por su dignidad y valentía.
También la Asociación Feminista La Cuerda, de Estudiantes de Sicología y Procrece repudiaron la persecución arbitraria del Ministerio Público (MP), de Consuelo Porras, en contra de quienes manifiestan pacíficamente por los abusos de poder, la corrupción y la impunidad.
Calificaron de preocupante que a la fecha, según información del propio MP difundida en medios de comunicación el 9 de julio pasado, el Organismo Judicial siga sin nombrar a un juez para seguir con el caso y este permanezca en reserva.
Tal situación, precisaron, impide gravemente su derecho de defensa y limita el acceso de la ciudadanía a conocer los detalles de la acusación.
La Coordinadora de Autoridades Ancestrales poq’omchi, Cristosal, entre otros, exigieron que el organismo judicial nombre urgentemente un juez imparcial para conocer el caso en contra Pacheco y Chaclán.
Pidieron se levante la reserva para garantizar el derecho de defensa y la transparencia. Instaron al cumplimiento de los plazos establecidos en ley, sin dilaciones injustificadas, y se respete el debido proceso.
Finalmente, demandaron la liberación inmediata de los exlíderes originarios, y de las otras personas que se encuentran detenidas arbitrariamente, como José Rubén Zamora, Stuardo Campo, y Jorge Santos.
Asimismo, reclamaron que cese la persecución en contra de los exiliados y demás personas criminalizadas.
Pacheco representó a los indígenas de Totonicapán, que emergieron durante octubre de 2023 con bloqueos en vías de la nación y mantuvieron por más de 100 días consecutivos una protesta frente al MP.
El llamado Levantamiento de los bastones, con la participación de otras organizaciones originarias mayas, se enfocó en defensa de los resultados comiciales y en exigir la dimisión de Porras.
Un juzgado de esta urbe ligó a proceso penal a ambos al atribuirles los supuestos delitos de terrorismo y obstaculización de la acción penal, por los cuales –según analistas- les podrían asestar hasta treinta años de cárcel.
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