Mediante un comunicado divulgado por la prensa local, la extitular del ente investigativo Thelma Cabrera, el exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción (FECI) Juan Francisco Sandoval, Siomara Sosa y David Gaitán señalaron las reiteras estrategias de criminalización de ese órgano.
Bajo la dirección de la actual titular Consuelo Porras el objetivo del MP es manipular el sistema de justicia para proteger a actores corruptos, lo cual compromete gravemente el Estado de Derecho en el país, ampliaron en el texto.
Describieron que la Fundación contra el Terrorismo, en colusión con la fiscalía general, presentó una recusación contra la jueza competente del caso con el único propósito de trasladar el expediente a la Sala Tercera de Apelaciones.
Ante esta, agregaron, fueron planteados hechos ya debatidos y resueltos por las instancias legales correspondientes, y aún así, resolvió de forma ilegal y arbitraria.
Argumentaron violación de competencia judicial, doble persecución por los mismos hechos y desconocimiento de normas internacionales.
Estas maniobras ilegítimas buscan perpetuar la impunidad de individuos como Alejandro Sinibaldi, Manuel Baldizón y Arturo Batres, quienes, como fue demostrado, recibieron más de 20 millones de dólares en sobornos, subrayaron.
La jueza responsable del caso, según los exfiscales, ha permitido que estos y otros actores vinculados a redes criminales permanezcan sin rendir cuentas ante la justicia.
Continuaremos denunciando la captura institucional que impide la rendición de cuentas, enfatizaron, al tiempo en que expusieron su convicción de que estos hechos serán juzgados conforme a derecho y los responsables deberán enfrentar las consecuencias legales.
La nueva fase investigativa del MP guatemalteco denominada “Acuerdos Fraudulentos, Corrupción e Impunidad” generó fuertes respuestas del gobierno local, el colombiano y de organismos internacionales.
La FECI emitió previo a ello órdenes de captura contra el extitular de Comisión Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) Iván Velásquez, exministro de Defensa y actual representante de ese país cafetero ante la Santa Sede.
Sumó a Luz Adriana Camargo, fiscal general de aquella nación sudamericana e integrante entonces de la misma entidad, por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, obstrucción de la justicia y colusión.
El escándalo de la constructora brasileña Odebrecht marcó un antes y un después en la lucha contra la corrupción en Guatemala, al revelarse en diciembre del 2016 el supuesto pago de sobornos millonarios a funcionarios.
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