Este reportaje se publicó originalmente en la revista #LaMarea105. Puedes conseguir un ejemplar aquí o suscribirte y seguir apoyando el periodismo independiente.
«La carretera está así por ellos, por los camiones», asegura el periodista comunitario Juan Bautista Xol. Lo cierto es que ya ni siquiera se le puede llamar carretera al maltrecho camino por el que se llega a su municipio, El Estor, en el departamento de Izabal, en Guatemala. Debido al pésimo estado del firme, se tarda casi una hora y cuarto en recorrer los apenas 40 kilómetros que lo unen con la localidad de Panzós. En mitad de la vía, un par de personas rellenan los huecos con tierra de forma voluntaria con la esperanza de que algunos de los pocos vehículos que circulan les entreguen unas monedas en señal de agradecimiento.
Al pasar cerca de una de las garitas, Xol opina que es mejor «cerrar las ventanas, por seguridad». Los cristales de la furgoneta están tintados. Un coche circula en sentido opuesto: «Son ellos, son de seguridad de la empresa», asegura el periodista. Las chimeneas ya se divisan en el horizonte. Son los estandartes de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y de la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal (PRONICO), ambas subsidiarias de Solway Investment Group, una firma suiza de capital ruso que cuenta desde 2011 con los derechos del proyecto minero Fénix, uno de los más grandes de toda Centroamérica, situado a escasos 3,5 kilómetros de El Estor.
Desde hace años, la mina y las empresas que la explotan marcan la vida diaria de miles de personas que viven a su alrededor, en su mayoría indígenas pertenecientes al pueblo maya Q’eqchi, como Juan Bautista: «Ahora la planta está parada, pero cuando estaban procesando, por las mañanas, se veía una nube rojiza saliendo de las chimeneas», cuenta mientras la furgoneta circula al lado de las instalaciones. Según las mediciones llevadas a cabo por la organización periodística Forbidden Stories en 2019, tomando como referencia las recomendaciones de la ONU, el nivel de contaminación era tan alto en esos momentos que el aire de El Estor solo debería ser respirado durante una hora como máximo para evitar problemas de salud.
A finales de 2022, las compañías filiales que explotan la mina, sospechosas de corrupción, fueron sancionadas por Estados Unidos, lo que supuso la paralización de sus actividades. En enero de 2024, sin embargo, fueron levantadas las sanciones, por lo que la multinacional europea anunció su intención de lograr «lo antes posible las credenciales de exportación necesarias para reanudar las operaciones». Lo consiguió a finales de agosto. Ahora se centra en iniciar el mantenimiento de la planta de procesamiento y en habilitar la mina para reiniciar la producción de níquel entre mayo y julio de 2025.
La organización vasca Mugarik Gabe y el diario guatemalteco Prensa Comunitaria han reunido a un grupo de unas 30 personas, entre las que hay líderes y lideresas comunitarias del territorio, para que expongan sus preocupaciones ante los medios. Entre ellos está La Marea.
«Actualmente estamos divididos», reconoce Cristóbal Pop Coc, presidente de la Gremial de pescadores artesanales de la localidad y una de las voces preeminentes en la lucha contra la compañía minera desde 2017. En este tiempo, su actividad reivindicativa le ha costado el ingreso en prisión provisional hasta en dos ocasiones, acusado de detención ilegal y de instigación a delinquir. Como pescador, su pelea se ha centrado en denunciar la contaminación del lago Izabal, el mayor de todo el país y el principal sustento de las comunidades que habitan en sus riberas, además de un lugar sagrado dentro de la cosmovisión maya.
Pero los peores recuerdos no se han reactivado solo tras la concesión de la nueva licencia de exportación. El Estor vive en estos momentos su enésimo shock. A finales de octubre, un mes antes del encuentro, uno de los fundadores de la Gremial, Felipe Xo, de 48 años, fue asesinado cuando se dirigía a trabajar. Él había sido uno de los miembros de la resistencia local contra las actividades mineras y la población identificó al presunto asesino como un «fiel colaborador» de la compañía. A través de un comunicado, sin embargo, la multinacional ha negado «cualquier vínculo de relación laboral entre CGN-PRONICO y el presunto atacante», a la vez que asegura respetar «los derechos y opiniones de todos los miembros de la comunidad» y solicita «una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia».
La viuda de Xo, Cristina Ico, de 46 años, lleva un traje de flores y la tristeza pintada en el rostro. Aunque hace apenas un mes que asesinaron a su marido, ha querido estar presente en este encuentro. No habla castellano, sino q’eqchi, por lo que el periodista Juan Bautista ejerce de traductor: «Yo solo quiero justicia. Cuando estaba mi esposo, era quien traía el dinero a casa. Ahorita no tengo cómo vivir. Tengo una hija mayor y ella y su pareja me están ayudando, pero tengo deudas y los cobradores no paran de venir a la casa», expresa tras asegurar que debe terminar de pagar la barca, el motor y el equipo de pesca de su marido. Unos objetos que ya no tienen sentido en su vida. A causa de su delicada situación económica, el féretro para el enterramiento fue donado por la municipalidad.
Los últimos meses han vuelto a encender las alarmas en la ciudad, avivando traumas que, en realidad, nunca llegaron a apagarse desde la aparición de una enorme mancha roja en la gran masa de agua, el punto de inflexión de toda esta historia. Fue el propio Cristóbal Pop quien la encontró el 1 de abril de 2017 al salir de madrugada a faenar en el lago. A partir de ese momento, se rompió el velo de silencio que operaba sobre el proyecto minero y, según denuncian, comenzó la represión.
Toma la palabra Angélica Choc, lideresa comunitaria: «Nunca he escondido mi rostro. Soy una mujer luchadora en la defensa de los derechos humanos y los territorios. Si nos quieren exterminar, aquí doy mi vida para defender mi tierra, mi lago». Es cierto, ella no se oculta, pero muchos de los presentes prefieren no ser fotografiados o no decir sus nombres. Angélica también tendría derecho a tener miedo. Su marido fue asesinado en 2009 por el jefe de seguridad de la compañía minera, en esos momentos en manos de una empresa canadiense. Otro cadáver en una lista que en los últimos años no ha parado de crecer en el municipio. La lideresa tardó 12 años en lograr que el asesino fuese condenado a una pena irrisoria: dos años de prisión.
Una consulta fraudulenta
Ese mismo 2021 en el que Angélica Choc logró una sentencia favorable, el ambiente de tensión se tornó irrespirable en El Estor. Meses antes, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala paralizó el proyecto minero y ordenó la realización de una preconsulta y una consulta con las comunidades del área de influencia de la mina, dando cumplimiento así al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que establece que las comunidades nativas deben ser consultadas «en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que este afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera». Un convenio ratificado por el Gobierno de Guatemala en 1996 pero que llevaba más de dos décadas siendo incumplido en El Estor. Allí, sus habitantes no habían tenido ni voz ni voto ante un proyecto que extraía el material de sus tierras y que, sin embargo, no dejaba en el territorio los beneficios de su venta.
La filtración masiva de documentos de la compañía minera al proyecto Forbidden Stories demostró que, a pesar de la orden judicial, la empresa no paralizó su actividad. De acuerdo con lo publicado por los diferentes medios que participaron en la investigación «Mining Secrets», entre ellos El País, durante dicho periodo la mina siguió en funcionamiento y, de hecho, consiguió beneficios récord.
La Marea ha enviado preguntas en reiteradas ocasiones a Solway pero no ha recibido respuesta.
En ese contexto, y ante la exclusión de la consulta de los cuatro Consejos Ancestrales Maya Q’eqchi, representados por 97 autoridades elegidas en las diferentes asambleas comunitarias, el 4 de octubre de 2021 la población inició un bloqueo de la carretera que lleva a la mina para cerrar el paso a los camiones que sacan el níquel hacia el puerto y a los que entran cargados de carbón para el funcionamiento de la planta procesadora.
Ante esta situación, la compañía minera solicitó al Gobierno de Guatemala «la intervención inmediata de las autoridades para que participen activamente en lograr la estabilización de la situación», según se puede leer en uno de los correos filtrados. La influencia de la multinacional quedó patente: el Ejecutivo declaró el estado de sitio en la región y envió 500 soldados y otros tantos policías a la localidad de El Estor. «A pesar de todo, luchamos juntos durante 21 días, día y noche. Entonces estábamos unidos…», recuerda Cristóbal Pop con pesadumbre.
Juego sucio
Ese periodo quedó marcado en la vida de los ciudadanos de El Estor. Recuerdan soldados a pie, helicópteros, drones, guardacostas… En medio del estado de sitio, se celebró la consulta, definida como «una farsa» por Forbidden Stories y los medios que participaron en la investigación: «Los documentos señalan los esfuerzos por manipular la consulta desde los despachos. En uno de ellos se detalla la necesidad de “comprar líderes” en tres barrios de El Estor con donaciones para “actores clave y partes interesadas” relacionadas con la pregunta. En ellos se dibuja una hoja de ruta para dirigir y tomar el control de la votación». Estas maniobras ya eran conocidas de manera informal en el municipio y han sembrado la duda sobre prácticamente cada una de las personas que viven en El Estor. Todos podrían haber sido potencialmente comprados. Todos podrían haberse dejado comprar.
Semanas después del agitado referéndum, el viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Óscar Pérez, anunció que el proceso había finalizado de «forma exitosa», dando vía libre a la continuación del proyecto. Sin embargo, miles de vecinos y vecinas del municipio nunca han reconocido el resultado al considerar que no se realizó «de buena fe», una de las máximas recogidas en el Convenio 169.
Guadalupe Xol asegura que intentó ser sobornada para que firmase un acuerdo en el que reconocía que la consulta se había efectuado de manera legal, según corroboró la investigación Mining Secrets. Su firma fue valorada en 3.000 quetzales, algo menos de 400 dólares. Pero no la vendió, lo que provocó que fuese expulsada de algunos órganos de dirección indígenas que sí habían sucumbido a los intereses de la multinacional. Al lado de algunos de sus vecinos, Xol toma la palabra para resumir años de lucha: «Hemos peleado para evitar que invadieran nuestra plaza pública y para que no colocaran 600 jaulas [de peces] en nuestro lago. La caña de azúcar también la evitamos, y ahora luchamos contra la explotación minera. Se llevan nuestros recursos y nos dejan la contaminación. Si no podemos sembrar o no podemos pescar por el desastre que causan, ¿de qué vamos a vivir? ¿Por qué tenemos que vivir en la pobreza si tenemos recursos naturales? Porque nos los quitan. Dicen que traen desarrollo, pero nos criminalizan y nos mandan a la cárcel por pelear por nuestros derechos».
Tres años y medio después, el desconcierto se une a la desconfianza y el cansancio en El Estor. Nadie comprende cómo es posible que Estados Unidos haya levantado las sanciones a CGN y PRONICO a principios de 2024, máxime si se tiene en cuenta que, al mismo tiempo, el Departamento de Estado del país norteamericano sancionaba al exministro de Energía y Minas Alberto Pimentel por, según se explica en la nota de prensa, recibir «un importante pago ilícito a cambio de iniciar el proceso de consulta con las comunidades locales de El Estor, Izabal, en Guatemala, en beneficio de entidades privadas».
Miedo en el horizonte
Según anunció la multinacional minera, además de comprometerse a establecer «un amplio programa anticorrupción», se ha trasladado la propiedad de las dos subsidiarias guatemaltecas –CGN y PRONICO– a Estados Unidos, en concreto al estado de Nueva York, «para asegurar que las dos empresas estén sujetas a las leyes y regulaciones estadounidenses». Diferentes fuentes consultadas por La Marea, sin embargo, consideran la posibilidad de que se produzca una entrada de capital norteamericano en la compañía. Así, el pasado octubre, ambas filiales reconocieron que se encontraban «en la fase de búsqueda de financiamiento para reiniciar sus operaciones».
Este medio ha tratado de contactar con el Departamento de Estado de Estados Unidos para conocer más detalles sobre el fin de las sanciones, pero no ha obtenido respuesta.
Desde mediados de enero, el Ejecutivo guatemalteco se encuentra en manos de Bernardo Arévalo, que ganó las elecciones a principios de año después de 12 años de gobiernos conservadores. En él ponen sus esperanzas los habitantes de El Estor para evitar que la compañía minera reactive sus operaciones, a pesar de que su Gobierno ha otorgado la licencia de exportación a la multinacional. «Yo no esperaría que este Gobierno dé el visto bueno para reiniciar la producción. Yo le di mi tiempo a Arévalo, le di mi apoyo, y no puede permitir que la empresa vuelva a operar sin hacer la consulta», explica Cristóbal Pop. De acuerdo con las fuentes preguntadas por La Marea, el Gobierno todavía cuenta con una batería de herramientas para impedir que se reanuden las actividades. Asimismo, recuerdan que la licencia de exportación se renueva cada año, por lo que puede ser revocada en cualquier momento. No obstante, sostienen que el Ejecutivo, a pesar de su discurso público, no parece tener voluntad política para ello.
Pero la posición mayoritaria entre las personas congregadas es clara: la consulta debe volver a repetirse, pero esta vez sin excluir a las comunidades ni a sus líderes. «La Constitución dice que tenemos derecho a defender nuestros recursos naturales y por eso el pueblo debe decidir si quiere o no minera. No es una cuestión individual mía, de lo que yo quiera o no, sino del pueblo», sostiene Angélica Choc.
Este medio ha enviado varias preguntas al Ministerio de Energía y Minas de Guatemala pero no ha obtenido respuesta.
A primera hora de la tarde, la avenida principal de El Estor está tranquila. Por ella no pasan 150 camiones de forma diaria, como sí sucedía cuando la planta de procesamiento funcionaba a pleno rendimiento y teñía de rojo el cielo caribeño de la zona. Y también los tejados de las casas, que todavía guardan ese color. Desde el lugar, no se puede intuir la dimensión de la mina, que ha deforestado las montañas que rodean el municipio en busca de un beneficio que no repercute en los lugareños.
Cristóbal Pop ya ha dejado la pesca y ahora trata de subsistir haciendo a mano coloridas hamacas que vende por 450 quetzales (algo más de 55 euros): «Esto es lo que me enseñaron cuando estuve en la cárcel». Ni él ni sus compañeros y compañeras saben cuál será el destino de El Estor en los próximos meses. Sus vidas llevan años a merced de las decisiones de una empresa que les marca el paso y el futuro.
Periodistas criminalizados
Aunque hablan en q’eqchi, en medio de la conversación entre algunos vecinos de El Estor se escucha una palabra en castellano: empresa. Según el periodista Juan Bautista Xol, sí existe una traducción del concepto, pero es más largo: aj tawasinel ch’och’. Además, tiene una connotación muy fuerte: «la que explota».
Bautista es, en la actualidad, el único periodista comunitario en la localidad. A sus 30 años, no tiene estudios de periodismo ni de comunicación, pero lo sucedido en su entorno le ha obligado a ejercer como tal, primero a través de Facebook y, ahora, de la mano de Prensa Comunitaria, uno de los pocos diarios independientes de Guatemala. «Yo no sabía las consecuencias de hacer esto. Me han vigilado, me han perseguido, me han difamado y me han criminalizado», relata.
Bautista denuncia registros ilegales en su casa. Tuvo que abandonar El Estor durante dos meses y medio ante el peligro que suponía seguir allí. Al regresar, todo era diferente. Los problemas con su familia y su esposa le hicieron caer en una depresión. «Me enfermé, pero ahora esto es una motivación para mí. El hostigamiento, la persecución. Me han intimidado, pero no han hecho que me rinda. Tengo energías para seguir documentando la lucha de las comunidades, del pueblo», asegura.
El caso de Juan Bautista no es el único en la localidad. Carlos Choc denuncia que lleva siendo perseguido por la justicia guatemalteca desde 2017, lo que le ha llevado a tener que abandonar su pueblo. Su delito fue fotografiar el cadáver del pescador Carlos Maaz, asesinado por la policía durante unas protestas que se produjeron ese año contra la contaminación del lago. Era la prueba que desmentía la versión policial, que afirmaba que no se había producido ningún muerto durante los disturbios. Choc fue acusado de amenazas, instigación a delinquir, asociación ilícita y daños y detenciones ilegales. Todas las causas fueron cerradas en enero de 2024 pero, según explican desde Prensa Comunitaria, El Estor no es un lugar seguro para ninguno de sus reporteros: «La empresa lo controla todo allí».
El pasado año, Reporteros Sin Fronteras (RSF) colocó a Guatemala en el puesto 138 (de un total de 180) en su ranking de libertad de prensa, lo que supuso un descenso de 11 posiciones respecto a 2023. Según expone la organización, aunque la libertad de expresión está garantizada en la Constitución, este derecho «es constantemente vulnerado por autoridades y actores políticos».
