El Gobierno de Guatemala comenzó a ejecutar un acuerdo bilateral con Estados Unidos para garantizar el retorno seguro y la reunificación familiar de adolescentes guatemaltecos no acompañados.
El convenio, impulsado por el Ejecutivo, busca evitar que estos menores, al acercarse a la mayoría de edad, sean enviados a centros de detención en territorio estadounidense.
La implementación del acuerdo responde al compromiso asumido semanas atrás con el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., y fue presentado por Guatemala a la secretaria Kristi Noem durante su visita al país en junio pasado.
Las acciones, aseguran las autoridades, se desarrollan bajo el principio del interés superior del niño y con respeto pleno a los derechos humanos.
El plan establece que Guatemala recibirá de forma segura y ordenada a las niñas, niños y adolescentes migrantes que retornen por disposición judicial o de forma voluntaria, conforme a protocolos institucionales.
La Procuraduría General de la Nación identificará las necesidades específicas de cada adolescente mediante un abordaje psicosocial y brindará representación legal para facilitar su reunificación familiar.
Además, los adolescentes retornados serán integrados a programas sociales a través de la Secretaría de Bienestar Social.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y el Instituto Guatemalteco de Migración también participan en la coordinación logística del proceso de retorno.
En paralelo a la implementación del acuerdo, este domingo 31 de agosto estaba prevista la deportación de decenas de menores guatemaltecos desde Estados Unidos.
Sin embargo, una demanda interpuesta por el National Immigration Law Center (NILC) logró que una jueza federal estadounidense suspendiera temporalmente el proceso por un plazo de 14 días.
Detalles de la demanda
Según la demanda, si son deportados, los niños guatemaltecos corren el riesgo de «exponerse a numerosos peligros al regresar a un país donde temen ser perseguidos».
Los niños migrantes sin un padre o tutor legal en Estados se encuentran en albergues de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, una agencia gubernamental.
El NILC remarcó que, según la ley federal, el gobierno debe permitirles acceso a asistencia legal y no someterlos a deportación acelerada, «excepto en circunstancias limitadas, que no se aplican a los menores guatemaltecos».
También advirtió que la mayoría de los menores guatemaltecos bajo custodia de autoridades en Estados Unidos son indígenas, y muchos no hablan ni inglés ni español, lo cual aumenta su «vulnerabilidad a ser engañados por funcionarios que buscan deportarlos».
La decisión del tribunal federal de Washington, aunque provisional y sujeta a apelación, supone un nuevo revés legal para la ofensiva del gobierno de Trump contra la inmigración.
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