En conferencia de prensa, el secretario de Comunicación Social de la presidencia, Santiago Palomo, preguntó si eso es justicia, debido proceso que tanto menciona ese ente investigativo en espacios públicos.
Si realmente hay un caso que defender, se debe hacer en los tribunales, expresó el funcionario, quien consideró esta maniobra de la Fiscalía contra los líderes de las protestas en el país entre octubre de 2023 y enero de 2024 como un ataque directo a la expresión ciudadana.
Un ataque a los pueblos indígenas y a su organización, una ofensa, no solamente a la justicia, sino también al pueblo, subrayó, mientras pidió que cesen las persecuciones selectivas, las detenciones injustas.
Recordó desde el Palacio Nacional de la Cultura, sede del Ejecutivo, que el presidente Bernardo Arévalo instruyó a la Procuraduría General apersonarse al proceso legal para garantizar que se respeten los derechos procesales de las partes.
Estamos dispuestos a trabajar, apoyar y reformar lo que haya que reformar para que impere el respeto a la Ley, la justicia y la dignidad del pueblo indígena, remarcó Palomo.
Sin embargo, acotó, esta no es una lucha única de organización y cumplimiento, sino se necesitan de ciudadanos valientes, jueces que estén dispuestos a aplicar las normas con respeto.
Ante la ausencia del MP, el juzgado de turno aplazó anoche la declaración de Pacheco, quien fungía como vicetitutar de Desarrollo del Ministerio de Energía y Minas, y de Héctor Chaclán, tesorero de esa organización, quienes permanecieron una prisión de la capitalina Torre de Tribunales.
La Fiscalía contra el Crimen Organizado detuvo el miércoles último a ambos exlíderes al señalarles cinco delitos relacionados con las manifestaciones ocurridas en defensa de los resultados de los comicios pasados, algo que generó diferentes muestras de rechazo a nivel local e internacional.
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