Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón, ratificó este lunes en la Justicia su postura «antifisuras» en los operativos de seguridad ante las actividades ilegales en sus distrito. En su exposición, tras ser denunciado por su supuesta severidad por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), dijo que «el espacio público es para el tipo de bien que labura, no para el que comete delitos».
La presentación contra Montenegro se trata de un tercer habeas corpus impulsado por la CPM, organismo dependiente del gobierno provincial y presidente el Premio Novel de la Paz y militante K Adolfo Pérez Esquivel. En la conciliación, en el Palacio de Tribunales de Mar del Plata, el intendente de Genral Pueyrredón se presentó con el secretario de Seguridad, Mariano Goncalvez, y la secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola.
“No puede ser que el delincuente esté tranquilo y el tipo que tiene que ir a laburar esté pensando por dónde camina o dónde deja el auto porque te dicen ‘acá no lo podés dejar’ o ‘dame tanta plata’”, expresó Montenegro en rueda de prensa luego de la audiencia.
La CPM ya fue objetada en otras oportunidades como cuando en el 2020 durante la pandemia su director ejecutivo Roberto Cipriano apoyó reclamos de los presos que pedía salir en libertad y luego la polémica decisión de permitir el ingreso de celulares para todos los presos en cárceles bonaenses. Amen de cuando hizo un «análisis de contenido» de notas de una docena de periodistas para acusarlos de espías y extorsionadores en el marco del Operativo Puf contra la causa de los Cuadernos de las Coimas en que está procesada Cristina Kirchner.
El intendente calificó a la CPM como “una comisión que está financiada por la Provincia”, y afirmó que él defiende “a los marplatenses y a los que laburan, no a los chorros”.
Montenegro habló de una modalidad delictiva que tiene que ver con las tomas del espacio público en Mar del Plata. «Ahora directamente mandan gente para que pululen por la calle y generen casos. Eso no lo vamos a permitir», señaló.
Además, remarcó que desde el inicio de su gestión tuvo como prioridad “el orden del espacio público”, y que en un principio se enfocó en la Zona Roja, luego en la lucha contra las tomas, y ahora contra los fisuras y los trapitos.
“Hay una orden y es que el espacio público sea para el tipo de bien que labura, no para el que comete delitos. Y si siguen trayendo gente, vamos a seguir haciendo lo mismo. No me importa la cantidad de denuncias que hagan estos organismos porque tengo muy en claro desde el primer día cuál es mi posición, que es la de todos los que vivimos en Mar del Plata y nos rompemos el culo laburando para que las cosas vayan bien”, finalizó.
La Comisión Provincial por la Memoria solicitó ante la Justicia una exhaustiva y rigurosa investigación judicial sobre el accionar de Montenegro y sus funcionarios de Seguridad contra personas que viven, duermen o trabajan de manera informal en la vía pública.
Operativo de seguridad en Mar del Plata.Desde la CPM aseguran que «el municipio desplegó en Mar del Plata una serie de medidas coercitivas con detenciones, confiscación de objetos personales y malos tratos para sacar de las calles marplatenses a los trapitos.
«Diversos funcionarios municipales ejercieron violencia física y psicológica, amenazas y hostigamiento contra decenas de personas en situación de calle o que realizan trabajos informales en la vía pública. Los funcionarios, con la excusa de hacer cumplir el código de faltas municipal, se arrogan facultades propias de las fuerzas de seguridad provinciales«, aseguraron.
Y ampliaron: “Consideramos que las vulneraciones mencionadas incumplen los principios básicos del accionar de funcionarios estataless (efectivos policiales y agentes municipales), que debe adecuarse estrictamente al principio de razonabilidad, evitando todo tipo de actuación abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral contra las personas».
BPO
