Lo denunció el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura (CPT) en su informe Anual 2024. Las condiciones denunciadas alcanzan a comisarías, destacamentos y unidades penitenciarias.
Para la elaboración del informe el Comité inspeccionó 34 establecimientos de detención que incluyo alcaidías, comisarías de distintos departamentos de la provincia, institutos de encierro juvenil, dispositivos de salud mental y las siguientes unidades carcelarias: la N° 1 y N° 4 del departamento Capital; el N° 2 de Metán; el N° 3 y N° 9 en Orán; el N° 5 en Tartagal; el N° 6 en Rosario de Lerma y el N° 7 en Cerrillos. También se inspeccionaron las Alcaidías Generales N° 1 (incluido su anexo para mujeres); N° 2, en Tartagal y N° 3, en Orán, además del Centro de Contraventores de la capital.
Las denuncias realizadas por el Comité se elaboraron a partir de la tramitación de 125 actuaciones individuales que incluyeron falta de atención médica, sanciones arbitrarias, condiciones materiales indignas, violencia psicológica y agresiones físicas. La mayoría de los casos se concentraron en la Unidad Carcelaria N° 1 de Villa Las Rosas y la Alcaidía General N° 1. Ambas funcionan en la ciudad de Salta. Un dato no menos importante es que el 58% de las denuncias fueron recibidas a través de la guardia telefónica de 24 horas, consolidada como principal canal de contacto con personas privadas de libertad y sus familiares.
El informe también alertó sobre la persistencia del alojamiento de personas en comisarías y observó las “demoras, omisiones y negativas” de la Fiscalía de Derechos Humanos ante pedidos de información vinculados a causas penales y seguimientos institucionales. Además, el CPT resalto que la falta de recursos humanos, técnicos y financieros limitan gravemente la capacidad de monitoreo, intervención y producción de informes por parte del propio Comité.
