En 2024, se incorporaron 274 nuevos deudores al Registro de la provincia, 25 más que el año anterior. La Corte de Justicia destaca la mediación como una herramienta clave para evitar la judicialización de estos conflictos.
El Registro de Deudores Alimentarios del Poder Judicial de Salta cuenta actualmente con 1.419 personas inscriptas. Durante 2024, se sumaron 274 nuevos casos, mientras que en 2023 el total de incorporaciones fue de 249, lo que marca un incremento de 25 personas. En comparación, el crecimiento de 2022 a 2023 había sido de 83 deudores.
Según explicó a El Tribuno la secretaria de Derechos Humanos de la Corte de Justicia de Salta, Blanca Ferri, el uso del Registro como herramienta disuasiva depende de la decisión de las partes involucradas. Su objetivo principal es incentivar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias sin necesidad de extender los conflictos judicialmente.
Para determinar el monto de la cuota, los jueces consideran los ingresos del demandado y las necesidades del menor. Cuando hay registros comprobables de ingresos, el aporte oscila entre el 20% y el 40% de los mismos. En casos de empleo informal, se contemplan alternativas como el pago de actividades escolares o el uso del salario mínimo como referencia.
Un punto de debate es la posible aplicación del Índice de Crianza del Indec en Salta. Este parámetro, que estima un costo de hasta 490.000 pesos mensuales para la crianza de un niño, ya se utiliza en Buenos Aires como referencia para fijar cuotas alimentarias, aunque aún no cuenta con normativa en la provincia.
Desde la Corte de Justicia insisten en la mediación como un mecanismo efectivo. Entre enero y mayo de 2024, se registraron 768 solicitudes de mediación en juicios de alimentos, de las cuales el 64% concluyeron con acuerdos. Sin embargo, el incumplimiento de las cuotas sigue siendo un problema recurrente, afectando principalmente a niños y adolescentes, quienes dependen de estos aportes para su bienestar.
