Este jueves se conoció el fallo por un crimen que podría marcar un antes y un después en la Justicia argentina. Cuatro hombres —Máximo Cisneros (61), Walter Hugo Ponce De León (45), Viterman Ponce De León (38) y Claudio Cisneros (30)— están acusados de haber asesinado y carneado un yaguareté, especie en peligro de extinción, en Estanislao del Campo, provincia de Formosa.
El hecho que generó un gran impacto a nivel nacional ocurrió en julio del año pasado.
En diálogo con Clarín, el juez Pablo Morán, a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Formosa, confirmó la sentencia luego de que la fiscalía propusiera un juicio abreviado, con penas de dos años de prisión efectiva.
Tres de los acusados —Walter Hugo Ponce De León, Viterman Ponce De León y Claudio Cisneros— cumplirán la condena bajo arresto domiciliario, mientras que Máximo Cisneros, dueño del campo donde ocurrió el hecho, recibirá dos años de prisión en suspenso, ya que los primeros estuvieron prófugos tras el crimen, mientras que él siempre se mantuvo a derecho.
«Es la primera vez que llegamos a juicio en más de 75 causas que llevamos desde hace 20 años, y va a ser la primera condena», asegura a este medio Nicolás Lodeiro Ocampo, director ejecutivo y fundador de la ONG Red Yaguareté, que fue aceptada como querellante en el proceso junto a la Administración de Parques Nacionales.
«En la causa actuaron realmente muy bien, rápido, no es lo común en estos casos. Tres estuvieron prófugos más de un mes y después estuvieron detenidos en Formosa más o menos dos meses y desde ahí se le dio prisión domiciliaria con permiso de salidas laborales porque es gente que trabaja en tareas de campo que no tienen trabajo formal», explica Nicolás.
Este caso marca la segunda vez en la historia argentina que una ONG es aceptada como querellante en una causa por la caza ilegal de un yaguareté. La primera vez también fue en Formosa, con el mismo juez, Pablo Morán, apenas un día después de la final del Mundial de Qatar, en diciembre de 2022.
El yaguareté cazado ilegalmente en Formosa fue desollado.Aquel caso involucra a una persona procesada de Clorinda, aún no llegó a juicio y continúa bajo investigación en el mismo juzgado federal. En esa primera oportunidad, Red Yaguareté fue admitida como parte querellante, junto con Parques Nacionales, lo que marcó un precedente inédito.
De esta manera, comienza a consolidarse una práctica judicial que hasta hace poco era impensada. “Esperamos, por supuesto, que no haya más delitos de este tipo, pero si los hay, este cambio es enorme. Poder estar como querellantes nos permite presentar pruebas, aportar contexto, historia y conocimiento técnico que un juez, por sí solo, no suele tener al alcance”, explicaron desde la organización.
En un contexto donde el yaguareté está al borde de la extinción y las causas por su caza ilegal rara vez llegan a juicio, esta condena —impulsada por el trabajo conjunto de la justicia, el Estado y organizaciones como Red Yaguareté— abre una puerta para que estos crímenes dejen de quedar impunes.
MG
