Contexto
¿Qué está en juego en esta decisión?
El origen del caso se remonta a 2012, cuando durante la presidencia de Cristina Kirchner, el Estado argentino expropió el 51% de las acciones de YPF, una de las principales petroleras del país. La expropiación se realizó sin ofrecer una Oferta Pública de Adquisición (OPA), lo que violó las regulaciones del mercado de capitales de Estados Unidos, donde YPF cotiza. Como resultado, los inversores, entre ellos el fondo Burford Capital, demandaron al Estado argentino.
En 2023, la jueza Loretta Preska falló a favor de los demandantes, ordenando una indemnización de US$ 16.100 millones, a la que se suman más de US$ 2 millones diarios por intereses. Además, Preska dispuso que la Argentina entregara el 51% de las acciones de YPF como pago. Esta decisión fue apelada por el gobierno argentino, lo que llevó a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito a emitir una suspensión temporal de la medida.
¿Cuáles son los tres posibles escenarios?
Suspensión de la entrega de acciones: Si la Corte acepta la solicitud de suspensión, Argentina podrá continuar con su apelación, posiblemente sin necesidad de entregar las acciones de YPF, pero podría ser obligada a presentar garantías adicionales. En este caso, la resolución final se pospondría a septiembre, cuando la Cámara decidirá si procede o no con la orden de Preska.
Rechazo de la suspensión: Si la Corte rechaza la solicitud de suspensión, Argentina tendría que cumplir con la orden de entrega de las acciones de YPF. Si el país no acata la decisión, incurriría en desacato, lo que podría resultar en sanciones severas, como multas económicas, la suspensión de emisiones de deuda o dificultades diplomáticas, incluidas restricciones para funcionarios argentinos.
Suspensión con otra garantía: La Corte podría conceder la suspensión, pero exigir algún tipo de activo adicional como garantía en lugar de las acciones de YPF. En este caso, la Argentina tendría que presentar otros bienes, como bonos soberanos, para cubrir la indemnización mientras continúa el proceso judicial.
¿Qué está detrás de este litigio?
El conflicto judicial surge de la expropiación de YPF, que fue llevada a cabo en 2012 sin una OPA obligatoria, como estipulaba el estatuto de la empresa. En lugar de cumplir con esta obligación, el gobierno de Cristina Kirchner nacionalizó la empresa, lo que generó una serie de demandas, entre ellas las de Burford Capital y Eton Park, quienes compraron los derechos de litigio tras la quiebra de las empresas Petersen, accionistas de YPF.
Burford Capital presionó para obtener el 51% de las acciones de YPF. Si bien la Argentina mantiene que la expropiación fue legal bajo la Ley 26.741, que habilitó la nacionalización de YPF, los demandantes sostienen que la falta de una OPA perjudicó a los accionistas minoritarios, lo que fundamenta el litigio en Nueva York.
Lo que viene
La Corte de Apelaciones de Nueva York definirá hoy si mantiene la suspensión de la orden de entrega de las acciones de YPF o si se reabre el proceso de ejecución de la sentencia. Si la Argentina no acata la decisión y la Corte confirma la entrega de las acciones, el país podría incurrir en desacato, lo que generaría consecuencias políticas y económicas graves.
Si el tribunal decide rechazar la apelación o suspender la transferencia de acciones, el Gobierno argentino tendrá que enfrentar una serie de desafíos, incluyendo la necesidad de presentar garantías alternativas o acordar con los acreedores. A medida que el tiempo pasa, la indemnización sigue creciendo debido a los intereses, y la situación podría llevar a un enfrentamiento diplomático con consecuencias a largo plazo para la economía argentina y su relación con los mercados internacionales.
