La Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional decidió que la Justicia Nacional debe quedarse con la causa en la que se investiga al presidente de San Lorenzo a partir de la revelación de la filmación con cámara oculta que registró cómo guardaba en el bolsillo interno de su saco un fajo de dólares que le dio una empresaria platense que pedía que su hijo fuera fichado en las inferiores azulgranas.
Por ese fallo, Marcelo Luis Ángel Moretti iba a ser indagado este jueves por el delito de defraudación por administración fraudulenta. Pero la defensa del mandamás azulgrana apeló y pidió que el expediente llegue al Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad para que decida si la causa debe quedar en la Justicia nacional o en la porteña, que también investiga al presidente del Ciclón por el mismo delito.
La presentación del abogado de Moretti, Gastón Matías Marano, motivó a la jueza nacional Laura Bruniard a suspender la indagatoria que iba a tomar, vía Zoom, este jueves a las 11.
Según confiaron fuentes judiciales a LA NACION, la Sala 7 confirmó que el juzgado nacional en lo criminal y correccional N°27 y la fiscalía N°16 deben llevar adelante el proceso. La defensa de Moretti y la Justicia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad exigían que la investigación quedara en manos del fiscal porteño Maximiliano Vence, que había intervenido de oficio luego de ver la nota periodística con la cámara oculta que complicó a Moretti en Canal 9.
El juez Pablo Guillermo Lucero, firmante por la Sala 7 de la Cámara Penal, rechazó el pedido de inhibitoria planteado por la jueza de la Ciudad Rocío López Di Muro y el defensor particular de Moretti; pedían a la jueza Bruniard que declinara la competencia, de modo que la investigación la llevara adelante el fiscal porteño y no la fiscal Mónica Cuñarro, que ya había avanzado en la instrucción a partir de la denuncia presentada por César Francis, excandidato a presidente del Ciclón.
El camarista hizo propios los argumentos por los cuales Bruniard y Cuñarro defendían su exclusividad sobre el expediente: el delito principal por el cual está acusado Moretti es de competencia de la Justicia Nacional.
“De la lectura de las actuaciones se advierte que no se encuentra controvertido -ni por el recurrente ni por la titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 4 de la Ciudad-, que nos encontramos ante dos investigaciones radicadas en diferentes fueros que presentan identidad objetiva y subjetiva. En tales condiciones, escindir su trámite importaría vulnerar la prohibición de doble juzgamiento, además de desconocer el principio de unidad de la investigación penal, que veda la fragmentación de procesos referidos a idénticos hechos y sujetos […] Tampoco está en discusión que las conductas bajo examen se subsumen en la figura de defraudación por administración infiel (art. 173, inc. 7°, del Código Penal), sin perjuicio de que en la Justicia de la Ciudad se añadió a uno de los sucesos la figura del art. 5 de la Ley 24.192. Sin embargo, el dato relevante es que la base fáctica que se imputa, encuadra en la administración fraudulenta, delito que no ha sido transferido a la órbita de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires“.
El artículo 173, inciso 7 del Código Penal, que castiga con penas de un mes a seis años de cárcel al que “por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de estos”.
La jueza de la Ciudad defendía su competencia sobre la base de dos argumentos: que el fiscal Vence había sido el primero en investigar el caso (de oficio, un día antes de la denuncia de Francis) y que, además de la defraudación por administración fraudulenta se verificaba una presunta acción atribuible a Moretti y reñida con el artículo 5 de la ley 24.192.
Esa norma, que estableció el Régimen Penal y Contravencional para la Prevención y Represión de la Violencia en Espectáculos Deportivos, prevé que “será reprimido con prisión de uno a seis años el que instigare, promoviere o facilitare de cualquier modo, la formación de grupos destinados a cometer alguno de los delitos previstos en el presente capítulo».
¿Con qué prueba el fiscal Vence consideraba probado ese delito en este caso? Con una afirmación de Moretti en la cámara oculta, en la que se jactó de haber pagado 200.000 dólares para pagar un viaje de una delegación de San Lorenzo a Ecuador, por un partido de Copa Libertadores, que habría incluido a 30 miembros de la barra brava azulgrana. El fiscal de la Ciudad también le imputó ese delito a Francisco Sánchez Gamino, ladero del presidente del Ciclón y, en ese momento, funcionario de la Jefatura de Gabinete de la Nación.
“La severidad de la pena o el orden temporal de los hechos no resultan parámetros que habiliten legalmente a la Justicia de la Ciudad a arrogarse facultades jurisdiccionales que el legislador no le ha conferido, pues, lógicamente, ello se encuentra vedado. Por otro lado, para sustentar su pretensión, el recurrente hizo hincapié en que a Moretti también se le atribuía la figura de facilitación de grupos destinados a cometer delitos -tipo penal transferido a la Justicia local-. Sin embargo, debe señalarse que, de acuerdo a la imputación formulada, dicha conducta podría ser enmarcada como una acción más dentro de la administración fraudulenta atribuida”, sostuvo el camarista Lucero en su fallo, al que accedió LA NACION.
El asunto, expresaron fuentes judiciales consultadas por LA NACION, es que, en cualquier caso, este último hecho representaría una defraudación por administración infiel, ya que el dinero de aquel viaje no habría salido del bolsillo de Moretti –como él se jactó ante la cámara oculta–, sino de las arcas del club.
Las constancias del video
Hasta el momento, según explicaron las fuentes consultadas, de los documentos, auditorías y declaraciones testimoniales no surgió que se hayan pagado pasajes, excepto para el plantel profesional en ese viaje. Además, los denunciantes ante la Justicia nacional nada expresaron de este eventual caso adicional.
Lo que sí quedó a la vista es el momento en que Moretti se guarda un fajo de billetes que le extiende sobre la mesa de su despacho de la presidencia del club María José Scottini (gerente general del multimedios Hoy, de La Plata) con el enfático pedido de que ficharan en las inferiores de San Lorenzo a su hijo, Simón Coronel.
Hablaron de que pasaría como una “donación” que no aparece en ningún registro contable de la institución; lo que sí se verificó es que el adolescente, efectivamente, fue inscripto con jugador juvenil del Ciclón ante la AFA una semana después del pago filmado a escondidas (con unos anteojos que llevan montada una minicámara) por el chofer de la empresaria de medios y exfuncionaria municipal de La Plata, entre otros, a cargo de Pablo Bruera, cuyo hijo, Facundo (hoy, delantero de Barracas Central) también fue fichado oportunamente en San Lorenzo.
Tras la decisión de la Cámara, el juzgado nacional N°27 reactivó la causa y resolvió que Moretti cumpla con el paso procesal que quedó en suspenso hace dos meses por las apelaciones. Pero la presentación del abogado del presidente del Ciclón provocó una nueva postergación.
En tanto, la jueza Bruniard le pidió a San Lorenzo que, a la luz de las noticias relativas a la convulsionada conducción política del club, informe en el término de tres días “la nómina de personas que integran en la actualidad la Comisión Directiva del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, con los datos de identificación, cargo ocupado por cada una y la fecha en que han asumido su lugar en dicho órgano directivo, destacándose, en su caso, los períodos en que, por cualquier motivo, no se hubieran encontrado en funciones”.
