Laura nació en un barrio popular del conurbano bonaerense. Pasaron más de cuarenta años hasta que pudo tener en sus manos su primer Documento Nacional de Identidad (DNI). Ella y sus hermanos crecieron a la orilla del Riachuelo, en los márgenes geográficos y también en los márgenes de la ciudadanía: ninguno de ellos tenía documentos, y por eso eran invisibles para el Estado. Padecieron violencia, precariedad laboral, falta de acceso a salud y educación, y una burocracia que les negó el derecho más elemental: la identidad.
Su historia comenzó a cambiar cuando, gracias a la mediación de una joven arquitecta que participaba en un proyecto de urbanización en el barrio, pudo entrar en contacto con el Programa Identificar, una política nacional impulsada para abordar situaciones documentarias graves. Después de años de espera, juicios inconclusos y, sobre todo, con el acompañamiento sostenido de los equipos territoriales, Laura y sus hermanos lograron finalmente avanzar en la restitución de su derecho a la identidad.
Como trabajador social tuve la oportunidad de acompañar de cerca procesos como el suyo. Estos recorridos muestran que la indocumentación no se resuelve con un trámite aislado, sino a través de la construcción paciente de redes entre el Estado y las organizaciones comunitarias. Casos como este dejan en evidencia que el subregistro de nacimientos no es un problema individual ni producto del azar: es la expresión de desigualdades estructurales que solo pueden revertirse cuando las políticas públicas se articulan con la acción comunitaria. Así como las políticas de urbanización no pueden pensarse por fuera de quienes habitan el territorio, tampoco las políticas de inclusión social pueden desarrollarse sin el protagonismo de las organizaciones.
La construcción del derecho a la identidad
En la historia argentina el derecho a la identidad ha ocupado un lugar central. La creación del Renaperen 1948 marcó el inicio de un camino institucional que, con sus avances y retrocesos, buscó garantizar la inscripción y documentación de todos los habitantes del país. Décadas más tarde, las luchas de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo reafirmaron el valor político y social de la identidad, logrando la restitución de cientos de niños apropiados durante la última dictadura.
En tiempos más recientes, distintas administraciones mantuvieron una continuidad en las políticas orientadas a enfrentar el subregistro. La sanción de la Ley 26.413 en 2008 y del Decreto 90/09 facilitó las inscripciones tardías; el despliegue de programas como Argentina Documenta o Identificar reforzó la presencia del Estado junto a los sectores más postergados. Posteriormente, la Ley 27.611 de los Mil Días buscó remover barreras al acceso a la identidad. Estas iniciativas confirman que las normas adquieren sentido real solo cuando se acompañan con presencia en el territorio.
Además de la continuidad normativa en el plano nacional, la preocupación por el subregistro se enmarca en compromisos internacionales. La Argentina asumió la meta 16.9 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que plantea garantizar identidad jurídica universal de aquí a 2030. Este horizonte global reafirma que el derecho a la identidad no es un tema menor o periférico, sino una condición básica para el ejercicio de todos los demás derechos.
A pesar de los avances, todavía hoy se estima que más de cien mil personas nacidas en el país no cuentan con inscripción de nacimiento, según datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina. La falta de un DNI no solo impide realizar trámites básicos: también limita el acceso a derechos esenciales como la educación, la salud, la seguridad social y la participación política. Quien no figura en los registros estatales es, en la práctica, un ciudadano invisible.
Cuando el Estado se encuentra con la comunidad
La pandemia de COVID-19 puso en evidencia la fragilidad de los mecanismos de acceso a la identidad. El cierre de registros civiles, la digitalización abrupta de trámites y la interrupción de actividades económicas agudizaron la exclusión de las personas indocumentadas. En ese contexto, las organizaciones comunitarias se convirtieron en el puente imprescindible entre la población y el Estado: sostuvieron ollas populares, realizaron relevamientos, detectaron casos y acompañaron a familias enteras que, de otro modo, hubieran quedado al margen.
La digitalización de la protección social, que en muchos países se presenta como una solución para reducir costos y burocracia, también plantea desafíos. Investigaciones recientes advierten que, sin conectividad, alfabetización digital y accesibilidad universal, los sistemas digitales pueden profundizar la exclusión de quienes viven en barrios populares. Allí donde el acceso a internet o a dispositivos móviles es limitado, la mediación de las organizaciones comunitarias resulta fundamental para que las personas puedan ejercer su derecho a la identidad y a la protección social.
Diversos estudios muestran, además, que las principales barreras para acceder al DNI no son únicamente administrativas. Se combinan la carencia de documentos probatorios (constancias de parto, partidas), la baja escolarización, las condiciones económicas, los problemas familiares y las respuestas institucionales percibidas como obstaculizadoras. Esto confirma que la indocumentación es una trama estructural y no una falla individual, y que solo puede resolverse cuando el Estado reconoce esas complejidades y trabaja en red con las organizaciones comunitarias que acompañan a las familias en cada paso.
El caso de Laura, como el de tantas otras personas, demuestra que el Estado no alcanza a llegar solo. Los programas nacionales, las normativas y los registros civiles encuentran eficacia real únicamente cuando se enlazan con la experiencia, la cercanía y la confianza construida por las organizaciones comunitarias. No se trata de tercerizar responsabilidades, sino de asumir que, frente a la complejidad de la exclusión social, la única respuesta posible surge de la cooperación entre políticas públicas y prácticas territoriales.
Hacía una ciudadanía plena
El derecho a la identidad no puede pensarse como un tema aislado: es la puerta de entrada a todos los demás derechos. La historia de Laura demuestra que, cuando el Estado y la comunidad se encuentran, lo que parecía imposible se transforma en un camino de reconocimiento y dignidad. Experiencias como la del Programa Identificar muestran que ese horizonte es posible cuando los recursos estatales se articulan con la presencia territorial de las organizaciones comunitarias. Avanzar en esa dirección no solo implica saldar una deuda histórica: también fortalece la ciudadanía y nos acerca a una sociedad más justa e inclusiva.
Bibliografía
- Amnistía Internacional (2024). Welfare surveillance and human rights.
- Arias, A. (2015). “Sujeto y dimensión política”. En Vidal, A. y otros. (Comp.).
- Coraggio, J. L. (2004). Las políticas públicas participativas: ¿obstáculo o requisito para el Desarrollo Local?
- Observatorio de la Deuda Social Argentina (2022). Informe sobre subregistro de nacimientos.
- Renaper(2025). Programa Identificar. https://www.argentina.gob.ar/interior/renaper/programa-identificar
- Rofman, A. y Villar, A. (2006). Desarrollo local. Una revisión crítica del debate. Buenos Aires: Espacio.
- StreetNet International (2024). Digitalisation of social protection: lessons from informal workers.
