Uno de los muchos temores que provocó el apagón del remarcado 28 de abril fue que hubiera saqueos al caer la noche. La rapidez de actuación de los responsables públicos y fuerzas de seguridad contribuyó a que dicha situación no se produjera. Pero la preocupación se manifestó porque se nos ha ido instalando, casi inconscientemente, lo que algunos denominan percepción de inseguridad y otros llaman directamente miedo.
Ciudadanas comprando en un supermercado la tarde del apagón
Àlex Garcia / Propias
Quienes más han trabajado en los últimos años para actualizar la legislación relacionada con robos y hurtos, en especial la ley de la multirreincidencia, han sido los comerciantes del centro de Barcelona, ya que el comercio sigue siendo una primera conexión entre el dinero de la gente y el reparto de riqueza. Si ampliamos el foco para ver todos los colectivos que demandan más seguridad en su actividad habitual, en la que ya una sola agresión debiera ser inaceptable, encontraremos personal sanitario, profesores y docentes, educadores sociales o incluso vigilantes del metro de Barcelona.
Sale gratis que un gobierno municipal coleccione sentencias desfavorables
Se dan casos en los que una comitiva judicial, o la propia policía, debe abandonar su misión de hacer cumplir la ley porque a demasiada gente se le ha permitido chantajear en la calle aquello que no ha logrado en una votación electoral. Esto es doblemente grave porque ser antisistema durante unos años se ha visto bien como respuesta a verdaderas tensiones sociales, pero vamos camino de que actúen igual los que también quieren estar más allá del sistema, aunque por el otro lado. No hay ninguna diferencia moral entre justificar el robo de un reloj por llevar 10.000 euros en la muñeca y culpar a una mujer violada por llevar la falda demasiado corta.
La referida multirreincidencia genera percepciones contrapuestas. A la ciudadanía le hace creer, y con razón, que aumentan sus probabilidades de sufrir un delito. Al delincuente le facilita una casi total impunidad de la que se aprovechan, entre otros, grupos organizados de carácter transnacional que corrompen a menores de edad que no pueden trabajar legalmente. Chicos que se habitúan a una actividad que les proporciona dinero fácil y de la que después cuesta mucho salir.
Son necesarias leyes ágiles y mensajes claros en contra de la reincidencia, pero a todos los niveles. De igual modo que el administrador de una sociedad está expuesto a ser procesado por el ejercicio de sus funciones, debería existir algún tipo de responsabilidad legal individual para los gobernantes, más allá de los delitos por corrupción.
Estamos viviendo en una suerte de Fuenteovejuna inversa, donde sale gratis que un gobierno central reciba repetidos fallos contrarios por la vulneración de derechos humanos o que un gobierno municipal coleccione sentencias desfavorables por modificar el urbanismo sin respetar la legalidad. Si nos seguimos creyendo que la ley ha de ser igual para todos, la consecuencia de su incumplimiento también debería serlo.
