La Justicia investiga el presunto uso de fondos públicos para financiar una «red de terrorismo psicológico» y hostigamiento digital, según confirmó el abogado de la periodista, Juan Grabois.
La causa que investiga las graves amenazas y el hostigamiento digital contra la periodista Julia Mengolini dio un giro determinante: el presidente Javier Milei, la diputada Lilia Lemoine, y otros funcionarios y «twitteros libertarios» fueron formalmente imputados.
La noticia fue confirmada por el abogado de la periodista, Juan Grabois, quien declaró que «La Justicia investiga la utilización de fondos públicos para financiar una red de terrorismo psicológico paraestatal«. Esta imputación no solo apunta a figuras clave del Gobierno, sino que pone bajo la lupa la posible utilización de recursos estatales para orquestar una campaña de amedrentamiento.
La Naturaleza de las Amenazas: De la IA al Hostigamiento Estatal
La denuncia penal, presentada por Mengolini, incluye los delitos de amenazas coactivas, intimidación pública, incitación al odio y presunta malversación de recursos públicos.
- Violencia Digital Brutal: Mengolini detalló haber recibido una ola de amenazas directas, algunas de ellas con referencias a la última dictadura militar («me mandan al río de la Plata»), y otras de extrema violencia («te voy a secuestrar y vas a terminar tirada en una zanja toda destripada»).
- Deepfakes y Tortura: La periodista relató la creación de videos e imágenes falsas con inteligencia artificial (IA) con contenido sexual, en lo que describió como un intento de «infligir dolor y torturar».
- Rol Presidencial: El equipo legal subraya que las amenazas se intensificaron y multiplicaron exponencialmente luego de que el propio presidente Milei publicara una gran cantidad de mensajes en su contra en redes sociales, burlándose y, según la denuncia, justificando la violencia. Se ha mencionado que el Presidente amplificó estas agresiones publicando casi 100 mensajes en tan solo cuatro días.
El Eje de la Investigación: Fondos Públicos y Malversación
El punto central de la investigación judicial es determinar si la red de hostigamiento fue financiada y organizada con dinero del Estado. Los denunciantes sostienen que se activó un “aparato comunicacional organizado y financiado por el Estado” con el objetivo de silenciar a voces críticas, lo que configuraría el delito de malversación de fondos públicos (tal como se desprende de las imputaciones que incluyen al videasta Santiago Oría, también señalado como funcionario).
Medidas Judiciales y Ámbito Internacional
Ante la gravedad de los hechos, el juez interviniente en la causa dispuso una custodia policial permanente para Julia Mengolini y la entrega de un botón antipánico, confirmando el riesgo que corría la periodista.
Además, la causa no se limita al ámbito nacional: el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y Mengolini denunciaron al Gobierno de Milei ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), buscando que el organismo internacional exija al Estado argentino garantizar el ejercicio del periodismo y condene el uso de aparatos estatales para el hostigamiento.
