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Resistencia

Imputaron a cuatro chaqueños por lavado de activos tras el secuestro de $357 millones en un control de Gendarmería

Cuatro personas fueron imputadas por lavado de activos e intermediación financiera no autorizada en una causa que se originó tras un procedimiento de Gendarmería Nacional Argentina en el norte de la provincia de Santa Fe, donde se incautaron más de 357 millones de pesos ocultos dentro de un vehículo que viajaba desde Resistencia hacia Buenos Aires.

El juez de Garantías Aldo Mario Alurralde dispuso además un embargo cautelar de 2.000 millones de pesos para los involucrados, tal como había solicitado el Ministerio Público Fiscal.

El hallazgo del dinero

El caso comenzó el 28 de marzo de 2025, cuando efectivos de Gendarmería realizaron un control sobre la Ruta Nacional 11, a la altura del paraje El Timbó, en el departamento General Obligado.

Al detener un Toyota Corolla Cross para identificar al conductor, los agentes detectaron irregularidades en la estructura del vehículo, particularmente en los plásticos cercanos a la palanca de cambios, que presentaban signos de manipulación.

Tras la autorización judicial para requisar el rodado, el conductor —identificado como F.E.V.— indicó a los agentes cómo retirar algunas piezas del tablero. Al desmontarlas, quedaron al descubierto compartimientos ocultos con fajos de dinero distribuidos en distintos sectores del vehículo, como detrás de la salida del aire acondicionado, el sistema de sonido, debajo del volante, la guantera y la zona de la palanca de cambios.

En total se secuestraron $357.210.000.

Una maniobra planificada

Durante la audiencia de formalización realizada el 27 de febrero, el fiscal Roberto Salum y el auxiliar fiscal Bruno Ojeda señalaron que la investigación permitió determinar que no se trataba de un hecho aislado, sino de un circuito organizado para trasladar dinero.

Según la fiscalía, el conductor formaba parte de un esquema coordinado en el que también participaban los socios de la empresa y otra persona identificada como C.E.F. El vehículo utilizado en el traslado pertenecía a uno de los socios de la firma y había sido modificado para ocultar el dinero y evitar controles.

Además, se halló un documento titulado «autorización para el uso de automóvil y administración de dinero», con certificación notarial del 20 de marzo de 2025, que permitía transportar hasta 800 millones de pesos. Para la fiscalía, ese documento funcionaba como respaldo en caso de que el dinero fuera detectado en un control.

Sospechas de una actividad habitual

El análisis de los movimientos del vehículo también reveló una frecuencia inusual de viajes, con recorridos cada dos días hacia las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, algo que no coincidía con la actividad comercial declarada por la empresa.

Según el Ministerio Público Fiscal, la sociedad era utilizada como fachada para realizar compra y venta de dólares y euros sin autorización, actividad que luego permitía introducir el dinero al circuito legal.

En un allanamiento realizado el 18 de febrero de este año en la sede de la empresa en Resistencia, los investigadores encontraron $8 millones en efectivo, máquinas contadoras de billetes con detector, llaves de distintos vehículos y talonarios de recibos y pagarés en pesos y dólares.

Imputaciones y medidas judiciales

El conductor del vehículo y los socios de la empresa fueron imputados como coautores de lavado de activos e intermediación financiera no autorizada, mientras que el cuarto implicado fue acusado como coautor del delito de lavado de dinero.

Además, la fiscalía avanzó en la responsabilidad penal de la empresa, en el marco de los artículos 303 y 313 del Código Penal.

El juez Alurralde también dispuso la prohibición de salida del país sin autorización judicial y la obligación de presentarse mensualmente ante Gendarmería. A su vez, ordenó el congelamiento de cuentas bancarias y cajas de seguridad, además de mantener el embargo de 2.000 millones de pesos para garantizar eventuales multas, decomisos e indemnizaciones.

Debido a la complejidad del caso y a la participación de varias jurisdicciones, la Justicia otorgó un plazo de un año para el desarrollo de la investigación.

Redacción

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