Los incendios forestales en la Patagonia han devastado más de 37 mil hectáreas, afectando a cientos de familias y dejando en evidencia la falta de recursos destinados a la prevención y combate del fuego. Mientras las llamas avanzan, los brigadistas enfrentan incertidumbre laboral debido a la decisión gubernamental de renovar sus contratos solo por tres meses, sumado a despidos y un recorte presupuestario en el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF).
Según un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), apenas el 22% de los fondos asignados al SNMF han sido ejecutados en lo que va del 2024. A pesar de la ampliación presupuestaria realizada tras los incendios en Córdoba en 2023, la ejecución del gasto se mantiene en niveles mínimos. Otro estudio del Centro de Estudios para la Economía Política (CEPA) indica que los recursos destinados al área sufrieron un recorte superior al 70% en términos reales en comparación con el año anterior.
La precarización laboral en los organismos responsables del combate del fuego agrava la situación. En enero, la administración de Parques Nacionales despidió a 30 brigadistas en plena emergencia, sumándose a los más de cien trabajadores que perdieron sus puestos el año pasado. Además, los contratos renovados por solo tres meses generan incertidumbre entre los brigadistas, quienes deben afrontar condiciones laborales precarias mientras arriesgan sus vidas en el terreno.
Andrea Torres, exbrigadista en El Chaltén, relató que la inestabilidad laboral y los bajos salarios han llevado a muchos trabajadores a buscar empleos alternativos para poder subsistir. «Nos jugamos la vida en los incendios, pero para el Gobierno eso no es suficiente para garantizar estabilidad laboral», afirmó.
A la falta de recursos y personal se suma el traslado del SNMF al Ministerio de Seguridad, lo que ha generado preocupaciones sobre el enfoque gubernamental en la gestión de la crisis. La intervención de fuerzas de seguridad ha coincidido con detenciones arbitrarias de voluntarios en Bariloche y El Bolsón, acusados sin pruebas de iniciar focos ígneos. Estas acciones han sido cuestionadas por organizaciones de derechos humanos y vecinos de la región, quienes denuncian un clima de hostigamiento en medio de la emergencia.
La falta de previsión y respuesta efectiva por parte del Gobierno ha generado críticas de especialistas y ambientalistas. Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina, calificó la situación como «desastrosa, casi un ecocidio», señalando que los incendios podrían convertirse en los más graves desde la década del 90 debido a la pérdida de biodiversidad y el impacto en la población.
Mientras el fuego sigue avanzando, se espera que las lluvias traigan alivio en los próximos meses. Sin embargo, la combinación de recortes presupuestarios, precarización laboral y decisiones cuestionables en la gestión de la crisis deja en evidencia una preocupante falta de preparación para enfrentar emergencias ambientales de esta magnitud.
