Mediante un comunicado, representantes de organizaciones ancestrales del país subrayaron que el accionar del Ministerio Público (MP) dirigido a quienes encabezaran las protestas en defensa de los resultados de las elecciones de 2023 va contra el ejercicio legítimo de derechos.
Denunciaron ante la población y la comunidad internacional el terrorismo penal y la cooptación del sistema de justicia de la nación por actores corruptos.
Alertaron a los pueblos de los distintos territorios que esta captura es el inicio de un proceso de criminalización promovido por el MP y reprobaron la maniobra para abordar las distintas formas de manifestación pacífica.
Llamaron a la unidad para defenderse de los ataques y se declararon en Asamblea Permanente.
Luego, en conferencia de prensa el fiscal de la Sección contra el Crimen Organizado, Klayber Bladimiro, detalló que las detenciones respondieron a una denuncia que señalaba supuestos hechos violentos durante los bloqueos de 2023.
«No se criminaliza el derecho a la manifestación ni a ningún grupo. La investigación logró individualizar a cinco personas, no a un grupo en general», amplió sobre la detención en principio de Pacheco y del también exlíder indígena Héctor Chaclán.
El MP recalcó que a los capturados se les acusa de presuntos responsables de asociación ilícita, instigación a delinquir, terrorismo, obstaculización a la acción penal, obstrucción de justicia y sedición.
En relación con el mismo caso, declarado bajo reserva, anunció que solicitará el retiro del derecho de antejuicio contra el gobernador departamental de Sololá, Edgar Benjamín Tuy, síndico de la alcaldía cuando las manifestaciones.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, llamó a cerrar filas, mientras consideró que Consuelo Porras (titular del MP y Fiscal General) y su gavilla de criminales son una amenaza contra la democracia.
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