El Gobierno se vio envuelto en una fuerte polémica tras la publicación de la Resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se incluyeron términos desactualizados y ofensivos para referirse a personas con discapacidad intelectual. Organizaciones del sector repudiaron el uso de expresiones como «idiota», «débil mental» e «imbécil», generando un rechazo generalizado.
Alejandro Cytrynbaum, secretario general de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), expresó su indignación al leer el documento publicado en el Boletín Oficial. «Nos sentimos insultados. No merecemos un golpe así», afirmó. En su anexo, la resolución utilizaba una clasificación arcaica basada en coeficientes intelectuales para establecer criterios de acceso a las pensiones no contributivas, lo que provocó una ola de críticas de especialistas y defensores de los derechos de las personas con discapacidad.
Ante el escándalo, el Gobierno admitió que la inclusión de estas categorías fue un «error» y anunció modificaciones en la redacción del documento. Sin embargo, aclaró que el endurecimiento de los requisitos para acceder a las pensiones seguirá adelante.
Un ajuste con antecedentes
Esta resolución se enmarca en una serie de medidas que han generado preocupación entre organizaciones y beneficiarios. A mediados del año pasado, el Ejecutivo reinstauró el Decreto 432/97, que endureció los requisitos para obtener una pensión por discapacidad, restableciendo el uso del término «invalidez», en desuso desde 2008 tras la adhesión de Argentina a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.
Además, en los últimos meses, miles de personas con discapacidad recibieron notificaciones oficiales para presentarse en la sede de ANDIS y revalidar su derecho al beneficio. Esta auditoría sobre un millón de pensiones ha sido interpretada como una estrategia para reducir la cantidad de beneficiarios.
Pese al pedido de disculpas por los términos ofensivos en la resolución, las organizaciones consideran que el problema de fondo sigue sin resolverse. «El ajuste en las pensiones es la verdadera amenaza. Se justifican con presuntas irregularidades, pero en realidad buscan recortar derechos fundamentales», concluyó Cytrynbaum.
