Desde su entrada en vigor en junio de 2020, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado a más de tres millones de personas en España. Sin embargo, el Gobierno sostiene que su impacto social podría ser aún mayor, puesto que hay muchas personas que cumplen los requisitos pero no lo solicitan por desconocimiento. Uno de estos colectivos es el de mayores de 23 años que vive con sus padres, que en algunos casos podrían tener derecho a cobrar la prestación, tal como recoge la regulación de la medida.
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