Redacción El País
La interpelación al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, no giró en general sobre un cuestionamiento al secretario de Estado, aunque sí se centro en el reclamó por la ausencia en el pleno de la presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ana Ferraris, y del otro miembro del directorio del organismo por el oficialismo, Alfredo Asti.
Fue contra la jerarca que la oposición -en particular el miembro interpelante, el blanco Pablo Abdala– concentró la arremetida de críticas políticas. En su primera intervención, el diputado del Partido Nacional ya solicitó que la presidenta de la Jutep presente su renuncia o sea removida del cargo.
Denunció que hubo “fraude y despojo” en la resolución adoptada por el organismo en el caso del presidente de la ASSE, Andrés Danza, luego de que se diera a conocer que desempeñaba funciones profesionales en mutualistas privadas mientras era el principal jerarca del mayor prestador de salud del país.
El nacionalista apuntó que hubo por parte de los directores del oficialismo de la Jutep (también integrada por el blanco Luis Calabria) “abuso de poder, de autoridad”, entre otros epítetos como “alevosía” y “deshonestidad” en el proceso.
Foto: Natalia Rovira
Sin embargo, lo que provocó la más dura reacción de parte de los diputados oficialistas e incluso de Mahía fue la expresión de que la decisión de la Jutep fue “típica de gobiernos totalitarios”.
“Hablar de totalitarismo es un exabrupto que no se justifica”, respondió el ministro, que lamentó la “catarata de adjetivos agraviantes” usados por parte del interpelante. En línea con la postura sostenida por el Frente Amplio (FA), el interpelado defendió que la Jutep actúa con independencia técnica, en tanto se trata de un servicio descentralizado.
“Se hizo para fortalecer su autonomía técnica e independencia adminstrativa. No es un órgano bajo el mando del Poder Ejecutivo. El Ministerio de Educación y Cultura se relaciona por tutela administrativa, controla la legitimidad de los actos. La Jutep emite pronuncionamientos técnicos no vinculantes y los adopta por mayoría, como cualquier órgano colegiado. Sus informes jurídicos orientan, pero no obligan”, defendió Mahía la decisión del organismo por el caso Danza que ha sido fuertemente cuestionada por la oposición por entender que se trató de una resolución teñida por intereses “políticos partidarios”.
Muchas de estas afirmaciones apuntaron al Partido Comunista -sector al que pertenece Ferraris- y fue la diputada Ana Olivera la que levantó el guante en la que fue una de sus últimas sesiones como legisladora nacional.
Foto: Leonardo Mainé
La exintendenta de Montevideo destacó la “honorabilidad y experticia técnica” de la jerarca y criticó que se pusiera en tela de juicio dichas características por “haber sido designada por un sector político”.
Al igual que otros diputados oficialistas, Olivera achacó a Abdala la mención al “totalitarismo” y a algunos de los calificativos que se habían utilizado a lo largo de la sesión contra la presidenta de la Jutep. En líneas generales, el FA puso énfasis en que el informe jurídico era de “asesoramiento” para tomar una decisión, mientras que la oposición lo hizo en que no se consideró a la hora de tomar la resolución, cuando establecía que existían “incompatibilidad” en la cantidad de funciones profesionales que simultaneamente ejercía Danza.
Ante estas acusaciones, que se repitieron a lo largo de la sesión por parte de los diferentes diputados del Partido Nacional y del Partido Colorado, el ministro insistió en que “no hubo ninguna injerencia o presión indebida de parte del Poder Ejecutivo en la decisión tomada por el directorio”.
“No hubo irregularidades institucionales, ni manipulación”, sostuvo Mahía.
En tanto, Abdala fue el más insistente en reclamar al gobierno que remueva a la jerarca para “descomprimir una grave situación institucional”.
Para el diputado blanco, Ferraris se “apropió del organismo de contralor, manipuló la tramitación de las denuncias y actuó sirviendo a intereses políticos partidarios, en lugar de con independencia de criterio”.
Foto: Ignacio Sánchez
La de Salle y Cabildo
Al igual que lo que ocurrió con la interpelación a la ministra Cristina Lustemberg por el mismo caso, al punto que algunos legisladores denominaron la instancia de este martes “el segundo tiempo”, hubo cuatro mociones presentados por los partidos políticos que componen la Cámara de Representantes: una el Partido Nacional y Colorado, una por parte del Frente Amplio, una Cabildo Abierto y otra Identidad Soberana.
Sin embargo, a diferencia de lo que había pasado en la anterior interpelación la oposición cambió su estrategia y eso llevó un muy particular final de la sesión parlamentaria. A sabiendas que ni la del FA (respaldaba al ministro y la actuación de la Jutep y tuvo 48 votos afirmativos) ni la de la coalición (se reclamaba la remoción de Ferraris y tuvo 47 votos afirmativos) iban a tener los votos suficientes, el diputado Felipe Schipani pidió que la de Cabildo Abierto y la de Identidad Soberana fueran desglosadas punto por punto.
Foto: Francisco Flores/El País.
En protesta a lo propuesto por la coalición, el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, no votó niguno de los seis puntos de su propia moción -reclamó hacerlo por la declaración en su conjunto. En el documento presentado por Cabildo se expresaba el rechazo a la no comparecencia de las autoridades de la Jutep y se reclamaba la renuncia de los tres directores actuales del organismo, incluida la de Calabria.
La de Salle, en tanto, planteaba la disolución de la Jutep y, en su primer punto, declaraba insatisfactorias las explicaciones brindadas por el ministro Mahía. Al votarse por partes, este apartado fue el que obtuvo mayor respaldo, con 49 votos. La votaron el Partido Nacional, el Colorado e Identidad Soberana. La coalición reclamó que constara que había sido la más votada, mientras el FA dejó de manifiesto su molesta por la maniobra.
Federico Cassaretto: «Es una falta de respeto»
Es una falta de respeto al Parlamento que después de todo lo que se ha hablado de este episodio no se traiga a la Jutep. Han quedado demostradas las irregularidades. Sigo sin saber si Ana Ferraris pidió por favor que no la trajeran o si el ministro le pidió por favor que no viniera. De 15 preguntas, 11 no se responden porque son para la Jutep”.
Álvaro Perrone: «Hay que borrar a la Jutep»
El tema de fondo es que la Jutep no sirve como órgano de transparencia y de ética. Con este actuar lo único que hay es una junta. La Jutep no puede ser un órgano político ni tener resoluciones políticas acordes al gobierno de turno. Proponemos derogar la ley 19.340 y borrar la Jutep. Buscar acuerdos para crear otro órgano”.
Mariano Tucci: «Adjetivar descalifica»
¿Desde cuándo decir a un actor político que sus acciones tienen vicio de autoritarismo no importa en política? El solo hecho de adjetivar de esta manera descalifica la instancia parlamentaria. Y viene de alguien con muchos años en esta casa, con gestión de gobierno. Estos improperios gratuitos le quitan credibilidad a este llamado a sala”.
Foto: Estefanía Leal.
Denuncian “desprolijidad” de Ferraris
El diputado del Partido Colorado Gabriel Gurméndez denunció “desprolijidades” de la presidenta de la Jutep, Ana Ferraris, en la presentación de su declaración jurada. En diálogo con El País, el legislador de Vamos Uruguay apuntó que la Jutep le mintió al Parlamento cuando el 20 de noviembre, en una carta firmada por Alfredo Asti y Luis Calabria, se afirmaba que en la página del organismo estaban publicadas las declaraciones juradas de los jerarcas de los organismos de contralor, de los entes autónomos y servicios descentralizados.
A su vez, en el documento se aseguraba que un reclamo de Gurméndez era un “error conceptual que agravia la investidura” de la presidenta de la Jutep. El diputado colorado había reclamado que no estaba presentada la declaración de la jerarca correspondiente al año 2025. Y así era, pero Ferraris no tenía obligación de hacerlo. En esta línea, se explicó que por ley le correspondía hacerlo en 2026.
Sin emabrgo, el 18 de noviembre, dos días antes de que llegué la carta al Parlamento, Ferraris realizó una corrección a la declaración jurada que había presentado en 2024 marcando que había una diferencia en el total de activos de más de $ 15 millones, luego de los reclamos del colorado. Aunque Ferraris había declarado sus activos, la sumatoria final estaba mal. En 2022, la jerarca siendo vocal también había realizado una corrección complementaria ya que había omitido declarar el 50% de la propiedad de una casa valuada en $ 2.050.000.
