La justicia federal puso el foco en una serie de teléfonos celulares para profundizar la causa judicial en la que se investiga si desde el gobierno nacional de Javier Milei se intervino de manera irregular en la Obra Social de los Peones Rurales (Osprera).
El juez federal Sebastián Casanello ordenó esta semana una serie de medidas de prueba que fueron solicitadas por los abogados de la obra social. Entre ellas, «el listado de llamadas entrantes y salientes, tráfico de comunicaciones telefónicas entre ellos, como así también la geolocalización efectuadas» de 10 teléfonos celular, entre los que están el del secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero. La medida ya se había hecho pero ahora el magistrado la amplió en el tiempo.
En la causa se investiga si la intervención de Osprera en noviembre del año pasado respondió a razones administrativas genuinas o a un entramado político y económico que podía alcanzar a otras obras sociales y gremiales. La sospecha sobre la última hipótesis creció cuando en la investigación aparecieron los nombres de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, y su principal asesor, Eduardo “Lule” Menem.
Julio Cordero. Foto Guillermo Rodriguez AdamiFue cuando se abrió el celular del interventor de OSPRERA, Marcelo Petroni, y se encontraron conversaciones con una persona de prensa. “Nosotros somos Lule y Karina”, dijo Petroni. Y en otros dice: “Hola Edu. Me tengo que reunir con Martín Menem y Lule a las 9,30”, “me reuní con Julio Cordero, el Secretario de Trabajo de la Nación, y con Mario Lugones, el Ministro de Salud”, “después con Martín Menem en Casa Rosada”, “Nadie más que los Menem está impulsando la intervención de UATRE (el gremio de los peones rurales)”.
A pedido del fiscal federal Guillermo Marijuán, el juez Casanello ordenó allanamientos, entre ellos a la droguería Suizo Argentina, involucrada en el caso de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.
Para avanzar sobre esa maniobra, Casanello había pedido información sobre teléfonos celulares y un entrecruzamiento que involucraba a Cordero, a Petroni, al diputado nacional de la Libertad Avanza Pablo Ansaloni y a al secretario de Trabajo Eduardo Comadira, entre otros. Esa medida fue para el período del 15 de diciembre del 2024 al 20 de febrero de este año.
La sede de OSPRERA«Sin embargo, la reconstrucción de los hechos en la presente causa permitió obtener actuaciones administrativas que a su vez, citaron otras de igual naturaleza de fecha anterior. Así, se advirtió que resulta necesario reconstruir si los vínculos sospechados por los acusadores se remontan temporalmente al período previo a que se adopten decisiones», sostuvo el juez en su resolución.
«Esa necesidad, basada en elementos objetivos, nos lleva a ampliar el límite temporal para la obtención de los registros de comunicaciones y geolocalización de los abonados telefónicos asociados a los imputados y retrotraerlo al 15 de octubre de 2024», agregó.
Casanello tomó otras medidas, como el pedido a la Secretaría de Trabajo, que depende del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Petovello, de los 19 expedientes completos de seccionales de UATRE en las que se registraron conflictos o intervenciones. También el legajo personal de Comadira.
El juez federal Sebastián CasanelloA ello sumó un pedido de registros fílmicos y vehiculares que documenten sus ingresos y egresos a la Secretaría entre el 15 de octubre de 2024 y el 16 de julio de 2025.
La respuesta de la intervención
La intervención de la obra social dio a conocer a través de un comunicado que comenzó un Proceso Preventivo de Crisis (PPC) para asegurar la continuidad de la atención médica a sus más de 700 mil afiliados en todo el país.
«Actualmente, OSPRERA destina un 16% del gasto mensual al personal, duplicando el límite del 8% establecido por la Superintendencia de Servicios de Salud. El PPC permitirá un ahorro superior a los $10.500 millones, posibilitando el equilibrio presupuestario sin afectar prestaciones ni servicios esenciales», agregó el organismo a cargo de Petroni
Y agregó que «durante la intervención se logró reducir el déficit mensual a menos de $1.300 millones en octubre, se reforzaron los controles en la compra de medicamentos, se fortaleció la auditoría médica y se optimizó el gasto salarial».
