Invertir en educación no arregla los problemas, pero es parte de la solución

Por Alejandro Morduchowicz

El fenómeno, que lleva más de una década, se acentuó en el último año. Quizás este sea uno de los pocos hechos que no necesitan de mayor demostración en educación. El deterioro lo viven docentes y alumnos en sus salarios y condiciones materiales de aprendizaje en forma cotidiana. Las cifras son contundentes. Veamos algunas: el presupuesto educativo nacional cayó 44% en términos reales entre 2023 y 2024. La educación básica sufrió la mayor embestida con una caída de 69%. El ajuste en las universidades, como es sabido, también tuvo un fuerte recorte: 24%.

Del lado de las provincias la situación no es menos dramática. Pero como se viene cociendo a fuego lento y el impacto es disperso, no tiene igual notoriedad. Las cifras aquí también son elocuentes: en 10 años, entre 2015 y 2024 el salario promedio docente se derrumbó: cayó 32%, siempre a valores constantes. Es decir, cobran un tercio menos que hace una década. Se estima que el gasto educativo total provincial disminuyó 15% entre 2023 y 2024, pero la pérdida en la última década fue de más del 20%.

Estas variaciones se reflejan en el indicador más empleado para sintetizar el estado de salud de la inversión en educación: luego de alcanzar el ansiado 6% del PIB en 2015, comenzó a caer hasta situarse en alrededor del 5%.

Es más, al actualizar el cálculo que hizo tiempo atrás Argentinos por la Educación para mostrar las consecuencias de incumplir la Ley de Financiamiento Educativo primero, y la de Educación Nacional después, vemos que la deuda acumulada de nuestra sociedad con su educación es de 7,8% del PIB. Una vez más, ante la indiferencia generalizada, se infringió el compromiso asumido con bombos y platillos por nuestros gobernantes.

¿Cómo impactan estas cifras en el sistema educativo? Como el 90% de los recursos para el sector en las provincias se destina a remuneraciones, esa deuda representa poco más de un año entero de salarios docentes. Si el ajuste fuera un crédito exigible, cada maestro y profesor de la educación básica tendría más de12 meses pendientes de cobro. Todo un indicador del deterioro de sus ingresos.

Esto, como se viene alertando hace tiempo, tiene varias consecuencias. Una de las más importantes es que mientras a nivel individual el empobrecimiento impacta en el nivel de vida de los docentes, a nivel general es creciente la dificultad para atraer y retener a buenos profesionales. Por un lado, cae el perfil de los ingresantes a la carrera docentes; por el otro, se impulsan condiciones más laxas en la propia etapa de formación. Aun así, es insuficiente: quienes están en las escuelas alertan sobre la falta de profesores y la dificultad de cubrir los puestos vacantes. Por eso, o directamente no hay docentes de algunas materias o se recurre a idóneos o a jóvenes que no concluyeron sus carreras.

A partir de ahí se genera un círculo vicioso de deterioro de la calidad cada vez más difícil de revertir, con consecuencias que acentúan el problema (entre ellas está el progresivo abandono de la escuela pública por parte de sectores con capacidad para demandar mejoras). Como decía, la situación no es nueva, lleva varios lustros de existencia. Si a eso se le suman acciones de política desacertadas o, en el mejor de los casos, insuficientes, el desafío es enorme.

Desde el retorno de la democracia pasamos por todo tipo de situaciones en materia de recursos para la educación. Tuvimos períodos tanto críticos como momentos de cierta holgura. Ambos dejaron sus enseñanzas. Más dinero para educación no resuelve por sí mismo los problemas. Pero sí es parte de la solución.