Más de 60 efectivos de Gendarmería Nacional y 20 móviles de la fuerza federal intervinieron ayer en al menos 17 allanamientos que realizaron en forma simultánea con epicentro en clínicas, consultorios médicos, oficinas municipales y dependencias sociales de El Quebrachal, Joaquín V- González, Talavera y la capital salteña. Los procedimientos fueron requeridos por el fiscal federal Carlos Amad y ordenados por el juez Julio Bavio, en el marco de una investigación que solo en localidades anteñas tiene bajo la lupa más de 22.000 pensiones por discapacidad tramitadas, otorgadas y cobradas de forma irregular.
Con las denuncias, testimoniales, cruces de información de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y la Administración Nacional de la Seguridad Social, tareas de inteligencia realizadas por fuerzas federales y los elementos secuestrados en los allanamientos, la investigación federal que se abrió hace seis meses en Salta quedó a un paso de las imputaciones que se formalizarían, una vez completado el análisis integral de las evidencias recolectadas, por asociación ilícita, falsedad ideológica de instrumentos públicos y una billonaria defraudación a las arcas nacionales.
Así lo señalaron a El Tribuno fuentes judiciales. Los cargos penales recaerían contra médicos, bioquímicos, funcionarios municipales, agentes públicos y actores políticos que intervinieron en el armado de expedientes con certificaciones falseadas.
En Joaquín V. González, los procedimientos alcanzaron a oficinas de la ANSES y de Acción Social, además del CIC del barrio San Antonio, donde funcionaba el sector de pensiones. En El Quebrachal, los gendarmes irrumpieron en consultorios médicos particulares y dependencias del Municipio señalados como «puntos clave» en la emisión de Certificados Médicos Obligatorios (CMO) espurios y la gestión fraudulenta de pensiones no graciables por invalidez.
En esas localidades y en allanamientos que también se dispusieron en la ciudad de Salta, según pudo confirmar anoche este diario con fuentes vinculadas a la investigación que dirige el fiscal Amad, se secuestraron computadoras, teléfonos celulares, cámaras de seguridad, dinero y documentación que sería determinante para probar la existencia de una red de gestores, profesionales de la salud y funcionarios vinculados a la emisión de certificados médicos fraguados y la tramitación de pensiones por invalidez «truchas».
Las fuentes oficiales remarcaron que durante años habría operado en distintos municipios de Salta y provincias vecinas como Jujuy y Chaco, entre otras, una verdadera «industria de pensiones irregulares», con precios fijos por diagnósticos de enfermedades como chagas o diabetes, que servían como justificativos para el acceso a beneficios fraudulentos. La pesquisa apunta a desarticular esa trama y a establecer las responsabilidades penales tanto de particulares como de exfuncionarios y funcionarios en ejercicio.
La investigación en curso avanzará ahora con un análisis integral del material incautado, que incluiría conversaciones y registros entre gestores, médicos y referentes políticos de la región.
La punta de la madeja
El expediente federal de Salta partió de otra sonada investigación que el fiscal Amad llevó adelante en Chaco como fiscal subrogante de Sáenz Peña. En esa causa, que hoy tiene 13 imputados a un paso del juicio, se descubrió que un médico de Joaquín V. González emitía certificados falsos para personas de Taco Pozo. En la citada localidad chaqueña, de 10.000 habitantes, hay probadas 840 pensiones por discapacidad «truchas». El capítulo chaqueño tiene 13 procesados, entre los que se incluyen el intendente de Taco Pozo, una hija que era la jefa de la oficina de la Anses, y tres médicos acusados de asociación ilícita, falsedad ideológica de instrumento público y defraudación al Estado nacional. El circuito ilícito quedó expuesto con documentación lapidaria: «Tenés al médico que firma el certificado trucho, el bioquímico que valida análisis falsos, el administrativo que arma los expedientes y el funcionario que da el visto bueno cuando no debería hacerlo», señaló una fuente judicial cercana a ese expediente que, además, tiene documentados los cobros ilegales aparejados a la gestión y otorgamiento irregular de las pensiones.
Entre 2003 y 2023, la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral en el país se multiplicó por 15. Pasaron de 79.000 a 1.224.000. Solo en 2024, según estimaciones oficiales que expuestas cuando se anunció la auditoria iniciada por la Andis en todo el país,, el Estadol perdió más de 3.400 millones de dólares por el mecanismo fraudulento.
