Rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre, el fiscal federal con competencia electoral en Salta, Ricardo Toranzos, detectó que en un municipio hay más electores que habitantes. Se trata de Aguas Blancas, un municipio con apenas diez años de historia en la frontera con Bolivia. La localidad, en la que Patricia Bullrich inauguró un alambrado fronterizo, tiene una población de 3.648 personas, según el censo 2022. En el padrón, sin embargo, hay 5.736 ciudadanos habilitados para votar.
El dato se traduce en un 57,2% más de votantes que de residentes. Frente a esto, la fiscalía dispuso hacer un relevamiento casa por casa y hasta vía aérea con imágenes de un dron para lograr la «verificación domiciliaria» de los electores registrados en esa localidad, ubicada en departamento de Orán.
En el operativo participaron efectivos de la Policía de Salta y de Gendarmería bajo supervisión del Ministerio de Seguridad provincial.
La hipótesis que surge del informe elaborado por la fiscalía apunta a que hubo ciudadanos provenientes de Bolivia que cruzaron a Argentina a tramitar el DNI para luego «acceder a subsidios y beneficios sociales, además de quedar empadronados en la localidad».
Además, de la investigación se desprende que hay «más de 3.000 electores en domicilios ambiguos». El reporte detalla que para las últimas elecciones presidenciales de 2023 hubo «entre 300 y 400 personas» que ingresaron desde el país limítrofe «en cada jornada electoral».
En este sentido, sugieren que si bien en los comicios nacionales «el impacto es marginal, en las municipales, puede ser decisivo».
En dos años, el padrón de ese pequeño poblado salteño tuvo una pequeña modificación. De acuerdo con los datos que publica el Tribunal Electoral de Salta, en 2023 había 5.356 empadronados. En 2021, cuando se eligieron autoridades provinciales y municipales, había 4.982 personas empadronadas.
El rio Bermejo en Aguas Blancas, la frontera entre Argentina y Bolivia en Salta. Foto Maxi Failla La investigación de Toranzos se inició por una denuncia presentada en 2023 por el dirigente político Santiago Alberdi, quien pidió conocer detalles sobre «el supuesto ingreso irregular de personas provenientes de Bolivia», una situación que presuntamente se repetía en el paso fronterizo internacional de Aguas Blancas los días de elecciones.
La inquietud del denunciante surgió porque,según afirmó, en esas fechas se registraban largas filas para cruzar a Argentina «con el fin de votar a cambio de dinero, lo cual podría tener origen en la obtención irregular de residencia y/o nacionalidad facilitando de esta forma ‘votos golondrina'».
Frente a esto, el fiscal federal Ricardo Toranzos ordenó un relevamiento del padrón, una tarea que demandó el cotejo de la Secretaría Electoral, el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
El año pasado, la Cámara de Senadores de Salta sancionó en septiembre del año pasado la intervención al Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Aguas Blancas. La decisión de la Cámara alta provincial tuvo que ver con las investigaciones penales contra el exintendente Carlos Alfredo «Conejo» Martínez, quien fue detenido por una causa en la que se lo acusa de «interferencias» en la investigación del homicidio de su hermano, César «Oreja» Martínez.
Los datos que llamaron la atención, las elecciones anteriores y el alambrado de Patricia Bullrich
Uno de los datos más llamativos al inicio de la causa fue que Aguas Blancas, que forma parte del Departamento de Orán, tenía 2.395 habitantes en el censo de 2010, mientras que, en 2022, ese número aumentó a 3.648, con un total de 1.018 viviendas. En 12 años, el crecimiento fue de 1.253 pobladores, un 52,3%.
El municipio en cuestión fue creado como tal en 2015, tras la aprobación de la Ley 7.739 sancionada tres años antes. En ese momento, aparecían 3.286 electores en el padrón.
Carlos Martínez, intendente de Aguas Blancas, fue separado de su cargo y detenido por la Policía de Salta.En la primera participación que tuvieron los habitantes del municipio participaron 1.572 votantes. En esa oportunidad, el elegido para conducir los destinos locales fue el candidato de «Salta nos une», Sergio Oliva, quien en 2022 fue condenado a seis meses de «prisión condicional e inhabilitación para la función pública» por un año tras ser considerado culpable de la apertura de un paso clandestino entre Argentina y Bolivia en el año 2016.
En ese entones, el juez federal de Garantías N°1 Julio Bavio evaluó que Oliva «sabía que estaba cometiendo un delito» cuando dispuso la apertura de una calle que finalizaba en el río Bermejo, afluente fronterizo y que evadía así el cruce de la zona que tenía los correspondientes controles.
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Bullrich inició la construcción del alambrado entre Salta y Bolivia.
A una década de su fundación, la comuna se encuentra intervenida a raíz del escándalo que dejó en el centro de la escena otro intendente. Carlos Alfredo Martínez está acusado por obstruir en la investigación del crimen de de su hermano, asesinado a disparos en 2023 en una calle de Orán, cuando cumplía prisión domiciliaria por un intento de femicidio. Si bien los vecinos reclamaban que este año convocaran a elecciones, la Legislatura provincial optó por seguir adelante con la intervención.
Este año, además, Aguas Blancas fue el escenario elegido para la colocación de la primera columna del alambrado que se proyectó instalar en la frontera entre Argentina y Bolivia. La encargada fue nada menos que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien llevó adelante la tarea como parte del denominado Plan Güemes que lanzaron con el gobernador Gustavo Sáenz. El objetivo es «frenar el paso ilegal de personas y el contrabando». La situación generó un fuerte rechazo en el país vecino.
AGE
