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La justicia sospecha que la empresa fue favorecida mediante mecanismos internos de contratación directa que rigen desde 2017, lo que habría facilitado la concentración de compras de la ANDIS en manos de la firma.
La Justicia federal avanza en la investigación de más de 600 contratos firmados entre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la droguería Suizo Argentina SA, vinculada a la familia Kovalivker, durante la actual gestión de Javier Milei. El fiscal Franco Picardi analiza si hubo sobreprecios y licitaciones direccionadas, mientras que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de Sergio Rodríguez, concentra su tarea en reconstruir la posible ruta de coimas.
Según fuentes judiciales, desde comienzos de 2024 hasta la fecha se firmaron centenares de contratos para la provisión de medicamentos, que en total representarían más de 55.000 millones de pesos. La documentación secuestrada incluye facturas, correos electrónicos corporativos y expedientes licitatorios que habrían beneficiado de manera recurrente a la droguería Suizo Argentina, controlada históricamente por Eduardo Kovalivker y actualmente manejada por sus hijos, Emmanuel y Jonathan.
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Los investigadores sospechan que la empresa fue favorecida mediante mecanismos internos de contratación directa que rigen desde 2017, lo que habría facilitado la concentración de compras de la ANDIS en manos de la firma.
La hipótesis judicial
El fiscal Picardi trabaja en dos líneas:
1. Posibles irregularidades en las contrataciones públicas: adjudicaciones direccionadas y precios por encima del mercado.
2. Un circuito paralelo de sobornos: pagos ilegales a funcionarios para garantizar negocios con el Estado.
Si se corroborara que las contrataciones fueron parte de un entramado de corrupción, ambas hipótesis quedarían directamente vinculadas.
Denuncias y nombres en la causa
La denuncia penal apunta contra Javier Milei, Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, Diego Spagnuolo (extitular de la ANDIS) y Eduardo Kovalivker, señalado como facilitador de las operaciones sospechadas. Todos ellos fueron acusados de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública e infracción a la Ley de Ética Pública.
En el expediente constan además los audios filtrados de Spagnuolo que originaron la causa, en los que se mencionan directamente a Lule Menem y a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
