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viernes, mayo 9, 2025

Investigan un nuevo intento de hackeo al celular del presidente de la Corte Horacio Rosatti

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El presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti sufrió un intento de hackeo a su teléfono. Fue la segunda vez que le ocurre. La maniobra, de extrema gravedad por la jerarquía del involucrado, ya fue denunciada en la Justicia y se inició un expediente penal para rastrear a los involucrados.

El hecho ocurrió a comienzos de esta semana cuando llamaron a un empleado del máximo tribunal con la finalidad de bloquear el celular del juez, obtener su pin y poder ingresar a los datos del aparato.

Después de reconstruir el circuito inicial de los hechos, se radicó una denuncia penal bajo la premisa de que se trató de un nuevo intento de hackeo para obtener la información del celular del Juez Horacio Rosatti.

Por estas horas, confirmaron fuentes judiciales a Clarín, ya hay un fiscal investigando el hecho.

La maniobra buscó llevarse adelante a través de un llamado a un empleado de la Corte Suprema, que trabaja en el área a cargo del manejo de los teléfonos oficiales.

Fuentes judiciales revelaron que el incidente tuvo lugar el lunes pasado en el ámbito de la Dirección General de Gestión y Habilitación e Infraestructura de la Corte Suprema, el sector que funciona como nexo entre el máximo tribunal y las compañías telefónicas Claro y Movistar, contratadas para la asignación de líneas telefónicas a magistrados.

Según consta en la denuncia, el 5 de mayo pasado, un empleado con cargo de oficial en la Corte Suprema de Justicia llamado Sebastián Matías Bustamante recibió un llamado en su teléfono particular de un número privado.

El hombre se identificó como un empleado de Movistar y afirmó que una línea le había sido reportada como robada. Al empleado de la Corte le requería que procediera a bloquear la línea y le diera el número de pin que le aparecía.

Según consta en la denuncia, a Bustamante “el llamado le pareció extraño. Mientras escuchaba el pedido, buscó en el sistema de información donde están registrados todos los abonados del Poder Judicial y no le aparecía reportada ninguna irregularidad”.

Junto con esa medida, el empleado del máximo tribunal consignó que la persona con la que estaba en comunicación telefónica “no era la persona de la compañía asignada por Movistar para ser el gestor frente a cualquier inconveniente o solicitud”.

Pese a que le manifestó este dato la persona que llamó pidiendo dar de baja a la línea asignada al presidente de la Corte Suprema, no reaccionó ante el comentario e insistió en requerir el pedido de clave para así, acceder al dispositivo electrónico.

Al momento de relatar los hechos que conforman a la fecha, el expediente penal, se indicó que se aguardó por una justificación “pero no hubo ninguna y en ese momento, la comunicación se interrumpió”, se relató.

Los pasos de la denuncia

Fuentes judiciales señalaron a Clarín que Bustamante informó inmediatamente de las circunstancias a la Dirección General de Seguridad de la Corte, a cargo de Roberto Varela.

En función de eso la denuncia quedó radicada en la División Conductas Informáticas Ilícitas de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires para averiguar el ilícito, con la intervención del fiscal nacional en lo criminal y correccional Santiago Vismara.

Los hechos que están en manos de la justicia consideraron partieron de la base que un suceso que llamó la atención es que al cotejar el único número que buscaban bloquear “resultó ser el número asignado al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti. Por prevención, el ministro ya tiene un nuevo número”.

Por ese motivo “se cree que el intento no fue casual. Solo quisieron acceder al celular de Rosatti, quien hace dos años ya había denunciado maniobras de duplicación de líneas a su nombre y expuso una red de espionaje a celulares de magistrados. El juez sufrió intentos de robos a su casa, extrañas pinchaduras de ruedas en el auto oficial y hasta un misterioso intento de intrusión en su vehículo en la puerta del Palacio de Tribunales”, indicaron fuentes judiciales.

Varios sucesos

No es la primera vez que el presidente de la Corte Suprema de Justicia debe radicar una denuncia penal por hecho que, en principio, exponían ciertas irregularidades. En 2023 en Comodoro Py realizó una presentación revelando que habían aparecido cuatro líneas telefónicas a su nombre –que después terminaron siendo cinco-.

La maniobra se replicó a través de líneas apócrifas que fueron creadas a nombre del vicepresidente de la Corte Carlos Rosenkrantz, y de la jueza de Posadas Verónica Skanatta. Días después, el ministro del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, también denunció que una línea que no había sido requerida por él, figuraba bajo su titularidad.

En función de los hechos investigados por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado en la Investigación Criminal, se desnudó una extensa lista de dirigentes políticos, víctimas de la misma maniobra.

Por esta causa fue procesado y enviado a juicio Santiago Machado, un joven de Posadas que en su indagatoria dijo que era inocente y que el teléfono desde el que se habían hecho las maniobras se lo había prestado un amigo. La persona señalada en su declaración se encuentra prófuga desde hace dos años.

A ese suceso debe anexarse otra causa penal: la que puso bajo la lupa al hacker misionero Ezequiel Nuñes Piñeyro, quien admitió que vía Telegram le encargó cambiar las tarjetas SIM de un grupo de celulares. Allí figuraban dos jueces del tribunal oral que juzgaba a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu; y dos jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos.

Dicho expediente está en manos del juez Marcelo Martínez De Giorgi y puso en la mira al ex policía Ariel Zanchetta, quien hizo 2157 pedidos de informes personales de jueces, políticos de distintos partidos políticos, ministros y jueces de la Corte Suprema.

Las investigaciones sobre Zanchetta (que estuvo 10 meses detenido) llegaron a Fabián “Conu” Rodríguez, integrante de La Cámpora y por entonces funcionario en la AFIP. La fiscalía lo acusó como partícipe de las maniobras y cuando fueron a allanarlo para secuestrar su celular los investigadores no lo encontraron.

Redacción

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