Por la crisis que atraviesa el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) en materia de atención a afiliados, bajas coberturas y recortes en la prestaciones, un concejal libertario de Esteban Echeverría presentó una denuncia penal contra el titular de la mutual, Homero Giles, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
La denuncia fue radicada en el Juzgado Federal N° 1 de La Plata por el edil de La Libertad Avanza, Marcelo Mazzeo, quien acusó a Giles y a Kicillof de presuntos delitos contra la administración pública. como administración fraudulenta agravada y malversación de caudales públicos.
Asimismo, el primer candidato a concejal de La Libertad Avanza en Esteban Echeverría en las elecciones bonaerenses acusó a los dos funcionarios provinciales de delitos como abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público; negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita.
En ese sentido, el abogado penalista solicitó la “inmediata apertura de investigación penal” y la adopción de medidas cautelares sobre los fondos del IOMA, al tiempo que advirtió que el presupuesto de la obra social bonaerense de $188 mil millones anuales fue “capturado políticamente” para transformarse en una “caja política o instrumento de propaganda”.
En el documento judicial, Mazzeo se hizo eco de que el IOMA adeuda montos millonarios con entidades como FEMEBA, FENECON y FREMEBO, de las demoras en honorarios, de la suspensión en la asistencia oncológica, de loas prótesis y de la medicación crónica.

De la misma forma, el concejal de La Libertad Avanza se quejó de la afiliación obligatoria del IOMA, a la que tildó de una “extorsión institucional” que estaría violando el derecho a la libre elección de servicios de salud. También, Mazzeo recordó que Giles no hizo lugar a ninguno de los pedidos de interpelación que los senadores y diputados opositores presentaron en la Legislatura bonaerense en el último año.
La ACEAPP de Giles vuelve a estar en el centro de las críticas del IOMA
Además, Mazzeo también recordó el caso de la Asociación Civil de Establecimientos Ambulatorios y Policonsultorios Privados (ACEAPP), que funciona de intermediario entre el IOMA y los 200 policonsultorios de toda la provincia. Creada en 2021 por orden de Giles, la entidad nación para hacerle respuesta a la la falta de pagos, demoras en la provisión de turnos, prácticas médicas restringidas, prótesis que no llegan, cobertura bioquímica insuficiente y el abandono en la asistencia oncológica.
Sin embargo, a cuatro años de su creación, la ACEAPP no logró resolver estas problemáticas ya que miles de médicos bonaerenses decidieron romper con el IOMA por los bajos honorarios y la falta de pagos. Eso causó que los principales afectados sean los afiliados, que comenzaron a tener muy poca disponibilidad en turnos y que vieron a sus coberturas completamente recortadas.

De acuerdo al relato de los afiliados y de Mazzeo, el vicepresidente de la ACEAPP, Julián Fierro, y su presidenta, Silvina Fontana, se enriquecen con la política de los policonsultorios a través de licitaciones. Como Fontana también lidera RM Salud SRL, una empresa que posee al menos cuatro policonsultorios dentro de la misma red que financia y gestiona, la hipótesis del edil libertario es que la funcionaria estaría pagando con fondos públicos a una estructura que también le reporta beneficios privados.





