El Gobierno Nacional mantiene una deuda de más de $1.800 millones con la provincia de Salta en concepto de certificados de obras de vivienda impagos, según señaló la presidenta del Instituto Provincial de Vivienda (IPV), Laura Caballero. La funcionaria explicó que la falta de financiamiento por parte de la Nación obligó a la Provincia a continuar con la construcción de 2.000 viviendas con recursos propios y un sistema de ahorro previo.
El Gobierno Nacional mantiene una deuda de más de $1.800 millones con la provincia de Salta en concepto de certificados de obras de vivienda impagos, según señaló la presidenta del Instituto Provincial de Vivienda (IPV), Laura Caballero. La funcionaria explicó que la falta de financiamiento por parte de la Nación obligó a la Provincia a continuar con la construcción de 2.000 viviendas con recursos propios y un sistema de ahorro previo.
«Nosotros al momento tenemos un saldo arriba de los 1.800 millones», indicó Caballero al ser consultada sobre los fondos adeudados por el Gobierno nacional. Explicó que, si bien en septiembre de 2024 se comenzó a pagar parte de los certificados atrasados desde noviembre de 2023, los pagos se detuvieron nuevamente, dejando a la provincia sin certezas sobre cómo continuarían los acuerdos firmados.
En el marco del proceso de reestructuración del Estado, el Gobierno nacional resolvió la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda mediante el Decreto 70/2025, lo que genera más incertidumbre sobre la continuidad de los programas de financiamiento. «Esto es una reestructuración orgánica del gobierno nacional», señaló Caballero. «Antes era un ministerio, después una secretaría y ahora queda absorbida por una subsecretaría dentro de Obras Públicas. En su nomenclador ya ni siquiera aparece la vivienda como un tema relevante».
A pesar de este panorama, Salta tomó la decisión de avanzar por su cuenta para garantizar la continuidad de las obras. «Nosotros teníamos en total 2.000 en la provincia, 1.100 en Salta Capital, tenemos casi el 90% de las obras retomadas, hay algunos casos particulares pero que ya están en los procesos de firmas de adenda», detalló.
Prosiguió: «Desde que firmamos el acuerdo con Nación en mayo, todavía no hemos logrado adendas individuales con ellos, porque no sabían cómo avanzar ni seguir adelante con los convenios», explicó la titular del IPV. «Entonces nosotros como provincia decidimos avanzar por cuenta propia».
Actualmente, de las 2.000 viviendas en construcción, unas 1.500 están reactivadas, con otras obras más que estaban en proceso de negociación. Para sostener las obras en el tiempo, el IPV tuvo que renegociar con las empresas constructoras un esquema de trabajo más flexible: «En vez de terminar las viviendas en cuatro meses, las terminamos en ocho, pero las terminamos», enfatizó Laura Caballero.
En cuanto a los beneficiarios del IPV, confirmó que el congelamiento de cuotas que regía desde diciembre de 2020 fue levantado en diciembre de 2024, generando un ajuste progresivo basado en el Coeficiente de Variación Salarial (CVS). «Las cuotas se estaban pagando a la fecha con valores de diciembre de 2020, lo que implicó un desfasaje muy importante», lanzó.
En cuanto al futuro de los programas nacionales, Caballero mencionó que aún no hay respuestas concretas sobre la disolución del Procrear y otros proyectos de vivienda. «Desde el momento uno nos dijeron que la vivienda social no era su prioridad, pero que iban a apostar al Procrear, y a los pocos meses lo disolvieron», expresó con preocupación. Además, aclaró que no existen respuestas concretas sobre cómo se resolverán los compromisos asumidos en ese marco.
Respecto a los plazos de entrega de las viviendas en construcción bajo el sistema de ahorro previo y fondos provinciales, Caballero detalló que cuando se lanzó el programa se estableció un plazo de entre 12 y 18 meses y que había viviendas en distintos niveles de avance de ejecución, algunas al 85% y otras al 30%, pero que aún se está analizando la situación de los planes de ahorro previos para definir cuándo podrán entregarse las primeras unidades. Luego, el organismo provincial tiene por resolución cinco años de control de habitabilidad en las unidades. «Creo que lo tenemos que hacer muy seriamente porque la necesidad es mucha», dijo.
Sobre el acceso a la vivienda, señaló que el IPV prioriza a grupos familiares y que, aunque podrían evaluarse proyectos específicos para personas solas, la demanda actual supera las 50.000 fichas activas. «Todo es posible, pero hoy la necesidad es mucha y las prioridades están puestas en las familias con niños y en situación de vulnerabilidad», concluyó.
