La emisión de órdenes de captura por parte de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Guatemala contra el exministro de Defensa Iván Velásquez y la actual fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, causaron una fuerte repercusión mediática. El primero, exjefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y actual embajador de Colombia en el Vaticano, al igual que la jefe del organismo de justicia, fueron acusados de la comisión de varios delitos.
Los dos fueron acusados de los delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión en el escándalo de Odebrecht. En su decisión, ambién se ordenó la captura de Telma Esperanza Aldana Hernández, exfiscal General de Guatemala, y Mayra Johana Véliz López, exsecretaria general del Ministerio Público (MP) de este país, en el que el presidente es Bernardo Arévalo: aliado del jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro.
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El caso tiene que ver con la participación de Velásquez como el titular de la Cicig comisión en la que tuvo un papel preponderante en la investigación de casos de corrupción, incluyendo el ampliamente mediático caso de la multinacional brasileña. Su participación habría sido clave para desmantelar estructuras de corrupción en el país centroamericano, lo cual le granjeó no solo reconocimiento internacional, sino también enemistades poderosas en los círculos políticos del país.
Frente a esta situación, la respuesta de Velásquez no se hizo esperar. El exministro denunció la acción como parte de una persecución orquestada por “la corrupta fiscal general guatemalteca y su fiscal (Rafael) Curruchiche”, ambos sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea. En su pronunciamiento, Velásquez expresó su solidaridad con sus colegas y ciudadanos guatemaltecos que han sufrido destierro debido a presiones judiciales similares.
“Y ahora, la corrupta fiscal general guatemalteca y su fiscal Curruchiche -designados como corruptos y sancionados por EE. UU. y la Unión Europea- extienden su persecución contra Luz Adriana Camargo y contra mí. Mi solidaridad con los exfuncionarios y tantos ciudadanos guatemaltecos a quienes la fiscalía ha obligado al exilio”, indicó el exministro de Defensa que, en su dilatada trayectoria, también fue magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia.
Diversas figuras del ámbito político y social han salido en defensa de los acusados. Una de ellas fue la ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, que no ocultó su “preocupación” ante el actual de los organismos de justicia guatemaltecos y en representación del Gobierno de Petro hizo énfasis en cómo la orden de captura, que ya cuenta con circular roja de Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), viola las convenciones internacionales de justicia.
“Expresamos nuestra profunda preocupación y rechazamos enérgicamente la orden de captura emitida por la Fiscalía de Guatemala contra el embajador designado Iván Velásquez y la fiscal general Luz Adriana Camargo. Esta acción, sin sustento jurídico, vulnera los principios fundamentales de la justicia internacional y representa una grave desviación de los estándares del derecho internacional”, indicó la ministra Sarabia en las plataformas digitales.
En ese sentido, el senador Iván Cepeda expresó su firme respaldo a Velásquez y Camargo, instando al presidente Gustavo Petro a actuar con “firmeza y dignidad” ante lo que considera un ataque dirigido por las mismas fuerzas que intentaron oponerse a las labores contra la corrupción impulsadas en Guatemala. Cepeda refirió estos esfuerzos como “un ejemplo de la lucha contra la mafia y la corrupción” en el continente.
Por su parte, Cielo Rusinque, superintendenta de Industria y Comercio, no ocultó su molestia con la decisión judicial. La funcionaria describió la petición como un “exabrupto jurídico”, y argumentó que viola la inmunidad que normalmente se otorga a los altos funcionarios estatales bajo el derecho internacional. A su vez, puntualizó que este caso es representativo de la distorsión de los mecanismos jurídicos creados para combatir la corrupción transfronteriza.
“Es la demostración de cómo, cuando el aparato burocrático es cooptado por fuerzas oscuras, puede convertirse en un arma de persecución y destrucción de gente honesta. Son los riesgos que se corren cuando se ingresa a la Función pública, sabiendo que todas las inquisiciones pueden desatarse injustamente. Hoy, incluso, hasta los principios de soberanía son desconocidos y violados sin la menor vergüenza”, indicó Rusinque, considerada una de las defensoras del Gobierno Petro.
De la misma manera, Luis Ernesto Vargas, que se desempaña como embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), expresó que el fiscal Curruchiche representa un caso de la politización de la justicia. Sus declaraciones dejaron en claro el riesgo de que los sistemas judiciales sean cooptados por intereses políticos, un problema recurrente en varias naciones latinoamericanas, según su análisis, que desencadenó algunas reacciones.
“No olvidemos que al crearse la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala, Cicig, la ONU garantizó la inmunidad para sus miembros en procura de la plena autonomía e independencia para el Comisionado @Ivan_Velasquez_ con quien me solidarizo y además para su equipo”, indicó el diplomático, que en su trasegar en la rama judicial fue presidente de la Corte Constitucional, en el periodo entre 2014 y 2015.
Sin embargo, no todas las voces en la escena política salieron en respaldo de Velásquez y Camargo. Enrique Gómez Martínez, director del partido de Salvación Nacional y excandidato presidencial, hizo un llamado para que la fiscal renuncie a su cargo, al sugerir que no es sostenible dada la gravedad de las acusaciones. Del mismo modo, recordó que la gestión de Camargo ha sido cuestionada, y que ahora las circunstancias exigen que ella enfrente sus procesos fuera de sus funciones.
“Es insostenible tener una Fiscal General con una orden de captura activa, Luz Adriana Camargo debería renunciar y enfrentar sus líos judiciales por fuera del cargo. Un año de nula gestión, y ahora esto”, indicó el político y abogado bogotano, sobrino del asesinado exaspirante presidencial Álvaro Gómez Hurtado, que replicó un reporte periodístico en el que mencionaron la noticia que sacudió el espectro político nacional.
Asimismo, Rafael Nieto Loaiza, abogado, lanzó críticas hacia la administración del mandatario por haber nombrado a personas con casos pendientes, como Velásquez y Camargo. Nieto expresó que se conocía la existencia de esos procesos al momento de sus respectivas nominaciones, lo que planteó interrogantes sobre la idoneidad de tales designaciones por parte del jefe de Estado; que mantuvo durante dos años y cinco meses a Velásquez, y acercó a Camargo a la Corte Suprema.
“Guatemala pide la captura, por delitos de corrupción relacionados con Odebrecht, de Iván Velásquez, hoy embajador en el Vaticano, y de Luz Adriana Camargo, fiscal General. ¡La Fiscal con orden de captura internacional por cuatro delitos! Solo en Colombia, solo la Fiscal de Petro. Por cierto, cuando Petro nombró a Velásquez y postuló a Camargo ya se sabía de los procesos contra ellos”, expresó el letrado, que fue precandidato presidencial por el Centro Democrático en 2022.
En el centro de esta polémica se halla el caso Odebrecht, en un caso que ha dejado una marca imborrable en el mapa político y económico de varios países de Latinoamérica. La compañía constructora brasileña estuvo involucrada en un sistema de sobornos a gran escala que comprometió a altos funcionarios y líderes de Brasil, Perú, México, y Colombia, con consecuencias han derivado en cambios políticos importantes y revisiones legislativas para combatir la corrupción.
