El gobierno del presidente Javier Milei anunció este miércoles una reforma profunda al régimen migratorio argentino que incluye deportaciones inmediatas, restricciones al acceso a servicios públicos y mayores exigencias para obtener la residencia y ciudadanía.
La medida fue oficializada a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, y presentada públicamente por el vocero presidencial Manuel Adorni y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, según Cadena3.
La nueva normativa modifica la Ley de Migraciones 25.871, y busca limitar el ingreso, permanencia y acceso a beneficios estatales por parte de ciudadanos extranjeros que no cuenten con residencia permanente o que se encuentren en situación irregular.
Claves del nuevo régimen migratorio
Deportación inmediata para extranjeros con sentencias firmes en sus países de origen o que sean sorprendidos cometiendo delitos en flagrancia dentro de Argentina, incluso en los pasos fronterizos.
Reducción de los plazos de apelación para las expulsiones, según explicó la ministra Bullrich, con el fin de evitar que los procesos judiciales dilaten la ejecución de las deportaciones.
Arancelamiento de los servicios públicos de salud y educación universitaria para residentes transitorios, temporarios o irregulares. Los extranjeros deberán contar con seguro médico obligatorio al momento de ingresar al país.
Endurecimiento de los requisitos para obtener el Documento Nacional de Identidad (DNI), la residencia permanente y la ciudadanía argentina. A partir de ahora, solo podrán optar a la ciudadanía quienes residan legalmente y de forma continua durante dos años, o aquellos que realicen inversiones relevantes en el país.
Las universidades nacionales podrán imponer aranceles a estudiantes extranjeros no residentes permanentes, mientras que la educación primaria y secundaria seguirá siendo gratuita para todos los residentes, conforme al artículo 20 de la Constitución Nacional.
Justificación oficial: orden, sostenibilidad y “fin del abuso”
En el comunicado oficial difundido por la Oficina del Presidente, se afirma que el decreto busca poner fin a los abusos sobre los recursos públicos y garantizar que “el dinero de los pagadores de impuestos se utilice en ellos y no en quienes ingresan para hacer uso indebido del sistema”.
Según datos oficiales, en 2024 la atención médica a personas extranjeras en hospitales públicos implicó un gasto de aproximadamente 14 mil millones de pesos, cifra citada como justificación para exigir el pago de servicios y seguros médicos obligatorios.
“La sociedad eligió al Presidente Milei con el mandato de reconstruir Argentina”, sostiene el texto, que también denuncia la existencia de “tours sanitarios” por parte de ciudadanos extranjeros que ingresaban con el único fin de acceder a servicios gratuitos.
Críticas y antecedentes
La medida se enmarca en la visión restrictiva y nacionalista del gobierno libertario de Milei, y ya genera críticas desde sectores de derechos humanos, sindicatos y organizaciones migrantes. Varios especialistas advirtieron que los cambios podrían contravenir tratados internacionales sobre no discriminación y acceso universal a servicios esenciales.
No es la primera vez que Milei y su equipo apuntan contra el régimen migratorio. Durante la campaña y en su discurso inaugural en el Congreso, el presidente ya había adelantado su intención de revisar las políticas de extranjería y focalizar los beneficios estatales en “los argentinos que los financian”.
Con esta reforma, Argentina rompe con décadas de tradición migratoria abierta, heredera del principio alberdiano de “gobernar es poblar”, y marca un giro drástico hacia un modelo selectivo y restrictivo, que impone condiciones más duras a quienes quieran residir o establecerse en el país.
