El intendente de Rosario apuntó contra los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. en medio de la causa por fentanilo contaminado. “No vamos a tolerar mafias en la ciudad”, advirtió.
El intendente de Rosario, Pablo Javkin, realizó este lunes una grave denuncia al afirmar que los dueños de los laboratorios investigados por la causa del fentanilo contaminado «tienen vínculos con el narcotráfico». En declaraciones públicas, el jefe comunal exigió que la Justicia determine si hubo desvíos de opioides al mercado ilegal y confirmó que la Municipalidad se presentará como querellante en la causa.
Javkin se refirió específicamente a HLB Pharma y Ramallo S.A., los únicos dos laboratorios habilitados para importar fentanilo en Argentina. “Durante la pandemia se incrementó la importación de esta sustancia, pero esa tendencia se prolongó más allá del contexto sanitario”, señaló.
“Debemos saber si hubo desvíos al mercado ilegal y, además, hay vínculos entre los laboratorios y algunos personajes ligados al narcotráfico”, sostuvo, aludiendo a lo que calificó como una “trama de complicidades”.
Antecedentes y gravedad del caso
El intendente también recordó el antecedente del laboratorio Apolo, cuya explosión en junio de 2016 dejó cinco personas heridas en el barrio Tablada. “Sus dueños fueron absueltos y, como pena, solo debieron limpiar el museo del PJ en San Nicolás”, criticó.
Javkin remarcó que el escándalo actual es “gravísimo”, ya que el fentanilo adulterado se aplicó a pacientes en terapia intensiva, como ocurrió en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA). “Estamos hablando de la salud de personas internadas en estado crítico”, advirtió.
Rosario se constituirá como querellante
En el cierre de su intervención, Javkin fue enfático: “No vamos a tolerar a ningún grupo mafioso actuando en el marco de la ciudad de Rosario”. Además, confirmó que el municipio se presentará como parte querellante para impulsar el avance judicial de la causa.
La denuncia del intendente se suma a una creciente preocupación por el uso y distribución ilegal de opioides en Argentina, en un contexto en el que Rosario sigue siendo una de las ciudades más golpeadas por el crimen organizado y el narcotráfico.
