Una tormenta previsional se avecina en Argentina: a partir de 2026, millones de trabajadores perderán derechos garantizados por la Constitución Nacional, en nombre de un ajuste impulsado por el Gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional. La reforma jubilatoria proyectada no solo elimina regímenes diferenciales esenciales, sino que marca un antes y un después en el acceso al derecho a una vejez digna.
Lo que para muchos era una garantía establecida tras décadas de lucha sindical y reconocimiento estatal, se convertirá en historia. Docentes, trabajadores de la salud, del transporte, de la construcción, empleados estatales y profesionales autónomos verán cómo sus derechos jubilatorios especiales desaparecen en favor de una «unificación» que solo beneficia al ajuste fiscal.
Esta ofensiva, disfrazada de “modernización”, no es otra cosa que un recorte brutal a conquistas que contemplaban el desgaste físico, la insalubridad y la exigencia intelectual de numerosas tareas. Se trata de regímenes avalados por la Constitución Nacional, que reconoce el derecho a la seguridad social y a una jubilación digna, acorde a los años de servicio y a la naturaleza del trabajo.
El nuevo esquema se dividirá en dos partes: por un lado, un haber proporcional a los aportes registrados, y por otro, una asistencia mínima universal —la PUAM—, que será la única alternativa para quienes no logren completar los 30 años de aportes. La moratoria previsional, que permitió el acceso a la jubilación a cientos de miles de argentinos, desaparecerá en marzo de 2025, sellando el destino de quienes trabajaron informalmente o fueron víctimas de la evasión patronal.
El resultado será devastador: más del 85% de quienes lleguen a la edad jubilatoria no tendrán derecho a la jubilación completa. Serán condenados a un haber asistencial que hoy equivale a apenas el 80% de la mínima, ya de por sí degradada. Y en sectores con alta rotación e informalidad, como los monotributistas, cuentapropistas o trabajadores rurales, el impacto será aún mayor.
La eliminación de regímenes especiales no es menor. Por ejemplo, los docentes perderán el derecho a jubilarse antes tras años en el aula; los ferroviarios, colectiveros y aeronáuticos ya no podrán acogerse a regímenes que contemplan el desgaste físico; los trabajadores de la salud verán cómo desaparece el reconocimiento por condiciones insalubres. Lo mismo ocurrirá con mineros, obreros de la construcción y empleados públicos provinciales. Las cajas autónomas de profesionales también están bajo amenaza.
Es un recorte encubierto, un paso más hacia la precarización de la vejez. Se trata de una avanzada silenciosa contra los derechos humanos básicos de los adultos mayores, quienes serán empujados a la marginalidad con haberes congelados, sin actualización real y con una pérdida del 40% de poder adquisitivo desde 2017.
Mientras el Estado exige aportes sin fallar, no ofrece reciprocidad. El derecho a la seguridad social, consagrado por la Constitución Nacional en su artículo 14 bis, se ve arrasado en nombre de un acuerdo con el FMI que prioriza las cuentas fiscales antes que la dignidad de los jubilados argentinos.
