Silvia Beatriz López, una mujer de 70 años de Ensenada, una localidad a dos horas de Buenos Aires, la capital argentina, se jubiló hace cinco años, pero sigue teniendo un trabajo a tiempo completo: estirar los 290 dólares que recibe como pensión para que le duren todo el mes. Se trata de una tarea titánica en Argentina, un país que se ha convertido en uno de los más caros de América Latina.
“Todos los días voy a cuatro o cinco supermercados y negocios, buscando ofertas y descuentos. Compro un poco acá y un poco allá. En estos días, logro desayunar, almorzar alrededor de las 3 de la tarde y después me preparo un té antes de acostarme. No puedo permitirme mucho más que eso», explica, enojada y frustrada.
Aunque el frío ha empezado a asentarse en el atardecer porteño, Silvia sigue parada, sola, desafiante, frente al imponente Congreso argentino. La protesta semanal que reúne a jubilados, jubiladas y a sus simpatizantes todos los miércoles desde que el presidente de extrema derecha Javier Milei asumió el cargo en diciembre de 2023 está terminando, pero Silvia aún no está lista para volver a casa. Con un grueso abrigo azul claro y apoyada en su bastón, hace sonar un silbato y golpea dos pequeñas latas. En el cartel que lleva colgado al cuello se lee: «¡Aumenten las pensiones mínimas, ya!». Grandes autobuses y coches pasan a toda velocidad a su lado. Algunos tocan sus bocinas en señal de apoyo, algunos transeúntes la miran con curiosidad y muchos simplemente la ignoran. Pero ella sigue adelante.
“Vengo y me mantengo firme por todos aquellos que están demasiado débiles para estar acá”, dice. “Trabajé durante 30 años para tener una buena jubilación y nunca pensé que iba a estar en esta situación”.
La economía argentina ha atravesado dificultades desde la década de 2010, pero la situación se ha deteriorado aún más desde que el presidente Javier Milei llegó al poder a finales de 2023. El líder de extrema derecha ha puesto en marcha un programa de recortes drásticos del gasto público que ha afectado particularmente a jubilados y personas con discapacidad, la salud pública, la educación, las obras de infraestructura pública, la investigación científica y las subvenciones para la electricidad y el gas. Estos recortes han tenido un profundo impacto en la vida cotidiana de millones de personas en toda Argentina, especialmente en personas jubiladas que, como Silvia, han salido a las calles para protestar. Pero las reglas del juego han cambiado: ahora, las fuerzas de seguridad federales reprimen a los manifestantes como parte de una intensa ola de represión desatada por el Gobierno de Milei.
“Los números no cierran”
Silvia es una de los más de cinco millones de personas que reciben una jubilación mínima en Argentina. Aunque los 290 dólares que recibe la sitúan por debajo del umbral de la pobreza, se siente afortunada.
“Tengo suerte de tener una casa, porque muchos jubilados y jubiladas que deben pagar un alquiler no pueden permitirse comprar comida o se ven obligados a elegir entre los medicamentos que necesitan, ya que no pueden pagarlos todos. La gente está utilizando tarjetas de crédito y recurriendo a prestamistas para comprar comida”.
Muchos jubilados que hablaron con NACLA dijeron que solo pueden llegar a fin de mes con la ayuda de sus familiares, aunque muchos de ellos también tienen problemas.
“Vivir con una jubilación mínima es prácticamente imposible”, afirma Eduardo Barnei, de 79 años, que lleva trabajando desde los 15, entre otros, como diseñador gráfico y en una tienda de recambios de automóviles que tenía en propiedad.
“El mes pasado cobré 370.000 pesos, que incluía un bono. Fui a la farmacia a comprar algunos medicamentos y gasté más de 100.000 pesos, luego pagué alrededor de 80.000 por las facturas y ahora debo sobrevivir con el resto. Los números no cierran”.
Todos los miércoles, llueva o haga sol, Eduardo diseña un nuevo cartel grande con el mensaje que quiere que el presidente Milei vea y viaja una hora y media en tren para unirse a otros manifestantes frente al Congreso.
“No vamos a rendirnos. Nuestras demandas son justas. No quiero resignarme a pasar los últimos años de mi vida viviendo sin dignidad. Esto tiene que cambiar, y haremos todo lo que esté en nuestra mano para que las cosas cambien”, afirma.
Una represión sin precedentes
Eduardo forma parte de un grupo de dos docenas de jubilados que se unieron para manifestarse frente al Congreso los miércoles. Desde que comenzaron sus protestas a principios de 2024, se les han unido líderes sociales, periodistas, sacerdotes e incluso aficionados al fútbol. Juntos, se enfrentan a un robusto aparato de seguridad compuesto por la policía de la ciudad, la gendarmería, la policía federal y la prefectura naval, que han desplegado una violencia sin precedentes contra los manifestantes pacíficos.
Su violenta represión se ha visto facilitada por una serie de reformas impulsadas por Milei que han erosionado los derechos de quienes protestan. En diciembre de 2023, el Gobierno anunció un nuevo protocolo para las protestas que ha dado luz verde a las fuerzas de seguridad federales —cuyo mandato es proteger las fronteras de Argentina— para dispersar a pequeños grupos de personas utilizando gas lacrimógeno, tanques hidrantes y balas de goma.
Su violenta represión se ha visto facilitada por una serie de reformas impulsadas por Milei que han erosionado los derechos de quienes protestan.
En otro decreto publicado en julio de 2025, la administración Milei reformó la policía federal, la mayor fuerza de seguridad del país. Ahora se les permite detener a personas sin cargos durante 10 días e iniciar investigaciones, sin la orden de un juez. Organizaciones de derechos humanos afirmaron que los cambios abren la puerta al Gobierno para perseguir a periodistas y activistas.
Los resultados de estas reformas no han sido sorpresivos. Organizaciones de derechos humanos denunciaron un aumento drástico de la violencia contra los manifestantes, incluyendo detenciones arbitrarias y el uso desproporcionado de gas lacrimógeno y balas de goma. Un organismo local de derechos humanos, el Mecanismo para la Prevención de la Tortura, señaló en un informe reciente que había documentado más casos de malos tratos y detenciones arbitrarias en la primera mitad de 2025 que en todo 2024.
En el caso más grave de brutalidad policial, el pasado mes de marzo, el fotoperiodista Pablo Grillo estuvo a punto de morir al ser alcanzado por un bote de gas lacrimógeno mientras cubría una de las protestas. Todavía sigue hospitalizado. Durante la misma protesta, Jonathan Navarro, un hombre de 33 años que se unió a la manifestación para exigir una mejor pensión para su padre, que tiene dificultades para pagar sus medicamentos, perdió la visión de un ojo al ser alcanzado por una bala de goma.
“La represión se ha convertido en la norma. El objetivo parece ser impedir que la gente proteste”, declaró una observadora de derechos humanos a NACLA en una de las protestas.
Pero los jubilados y las jubiladas no se dan por vencidas. Silvia, por ejemplo, dice que no tiene miedo.
“Estuve allí en marzo cuando golpearon a Pablo Grillo. Vi cómo gaseaban, empujaban y maltrataban a personas muy mayores. Fue aterrador, pero no tengo miedo. Tenemos que defender la democracia por la que hemos luchado tanto, no podemos rendirnos con nuestro país”, afirma.
María Elba Álvarez, de 78 años, también acude cada semana con varios amigos, aunque sus hijos le dicen que debería quedarse en casa. Les preocupa la brutalidad que ven en la televisión y temen que su madre sea la siguiente.
“Mi salud ya no es lo que era, pero vengo porque tenemos que luchar”, dice, de pie junto a una bandera argentina que cuelga de las barricadas que protegen el edificio del Congreso de los manifestantes.
María Elba también ha estado recibiendo la pensión mínima desde que se jubiló hace 13 años. “La jubilación solo alcanza para lo básico, es muy difícil comprar comida para todo el mes, he perdido mucho peso, pero si tuviera que pagar un alquiler, estaría viviendo en la calle”, explica.
Argentina tiene una larga tradición de movimientos sociales y protestas masivas en las que personas jubiladas han tenido un papel crucial.
Su hija, que perdió su trabajo, y sus dos nietos se mudaron recientemente con ella para unir recursos y llegar a fin de mes. “Solía soñar con la jubilación, con tener tiempo para descansar, disfrutar de la vida, ir al cine. Ahora sigo teniendo que luchar. Pero al menos cada vez hay más gente que nos apoya; eso me da fuerzas”, dice mientras golpea la barricada metálica con un gran palo.
Los jubilados entonces y ahora
El hecho de que jubilados y jubiladas lideren las protestas en Argentina no es sorpresivo. El país tiene una larga tradición de movimientos sociales y protestas masivas en las que personas jubiladas han tenido un papel crucial.
En la década de 1990, una época de profunda crisis económica similar a la actual, Norma Pla organizó manifestaciones masivas para exigir aumentos en las jubilaciones. Pla se convirtió en un símbolo de la lucha de las personas mayores después de enfrentarse públicamente al entonces ministro de economía, Domingo Cavallo, artífice de un programa de ajuste estructural neoliberal que provocó una de las crisis más graves de la historia de Argentina.
En un encuentro filmado, Pla le dijo a Cavallo que era imposible que las personas que recibían la pensión mínima pudieran sobrevivir sin ayuda. El ministro se emocionó al pensar en su propio padre, a lo que Pla respondió suplicándole que “tuviera fuerza” y rectificara la situación. Aunque sus demandas no obtuvieron respuesta, el momento sigue siendo icónico.
Las políticas neoliberales de la década de 1990, que incluyeron recortes masivos en los servicios sociales y la vinculación del peso al dólar, no lograron frenar la crisis económica del país: los bancos se quedaron con los ahorros de la población. Si bien las protestas masivas de principios de siglo acabaron por obligar a un presidente a dimitir, estos recortes han sido igualados en intensidad por las reformas de Milei, que él sostiene que son necesarias para traer estabilidad económica al país.
Milei ha logrado reducir drásticamente la inflación, que pasó de una tasa mensual del 25,5 % en diciembre de 2023 al 1,9 % en agosto de 2025. Sin embargo, la actividad económica general está disminuyendo y el consumo se ha desplomado durante el último año, ya que los precios de los productos básicos, como los alimentos, el transporte, los medicamentos y los servicios públicos, siguen aumentando. El desempleo ha aumentado de forma constante en los últimos meses y los salarios siguen estancados. La pobreza extrema también ha escalado, con un incremento del 27 % en el número de personas sin hogar en la ciudad de Buenos Aires solo en el último año.
Los legisladores argentinos han respondido a esta crisis social intentando aumentar las pensiones y apoyar a las personas con discapacidad. Sin embargo, la ley que aprobaron el 10 de julio fue vetada por Milei, aunque recientemente lograron anular su veto sobre las prestaciones para personas con discapacidad. Su intento de aumentar las pensiones anulando su veto sigue en marcha.
Aun así, fuera del Congreso, los jubilados y las jubiladas no se dan por vencidos. “El Gobierno nos está matando de hambre y, si no luchamos, las cosas solo empeorarán”, afirma Silvia. Y sigue haciendo sonar su silbato, convencida —o con la esperanza— de que alguien la escuchará.
Josefina Salomón es una periodista argentina que cubre temas de seguridad, delincuencia y derechos humanos en América Latina.
Patricio A. Cabezas es un educador popular, activista de derechos humanos y fotógrafo documental argentino.
