Barcelona
Tres chicos vinieron a verme preocupados porque la vecina les iba a denunciar por exceso de ruido. Al parecer volvían a casa de madrugada después de trabajar y era el momento en el que se duchaban porque en la empresa no les dejaban. Hacían ruido y la vecina de abajo estaba desesperada. Así que les propuse que se compraran una alfombra para la bañera o algo que amortiguara el ruido, que fueran a la ferretería y que preguntasen a ver qué tenían. El problema se solucionó rápidamente y ya no hubo más quejas de la vecina”.
Miquel Sala recuerda este conflicto vecinal como una de las múltiples situaciones en las que ha tenido que intervenir como juez de paz de Torelló, cargo que ocupa desde hace dos años en este municipio de Osona de 15.000 habitantes. “Lo que corresponde al juez de paz es buscar la conciliación y la convivencia entre vecinos”, subraya. Después de 34 años dedicados al mundo de las finanzas, el alcalde le propuso que se presentara a la vacante de juez de paz para mediar entre los vecinos cuando surgiera un problema.
Los juzgados de paz se convierten en oficinas de justicia
“Es una figura necesaria para buscar la paz y la concordia”, subraya Josep Aguilar, juez de paz del pueblo vecino, Sant Vicenç de Torelló. En su municipio tuvo que interceder en un conflicto en el que la copa de los árboles invadía la parcela del vecino u otro caso en el que las hormigas de uno entraban en la casa del otro. “La clave es el acuerdo”, reitera.
En Palamós, el juez de paz, Enric Marsal, recuerda que los choques entre vecinos por el impago de la plaza de parking o alguna deuda menor con la aseguradora están a la orden del día. “Buscamos la conciliación entre las partes. Es nuestra función”, subraya.
Los jueces de paz surgieron en siglo XIX para arbitrar los conflictos vecinales
Los jueces de paz surgieron en el siglo XIX con la intención de que hubiera una persona bienintencionada que arbitrara los conflictos vecinales. Alguien que tuviera cierta ascendencia sobre la población para que, en un momento dado, pudiera mediar entre las partes enfrentadas. Esta figura nacida en 1855 ha sido convalidada por la ley de eficiencia de la justicia a pesar de que en algunos momentos durante la negociación parlamentaria hubo grupos que abogaron por abolirla.
El Govern no solo no la ha eliminado sino que acogiéndose al Estatut de Catalunya, que reconoce esta figura en el artículo 108 “para resolver conflictos menores”, convertirá los juzgados de paz en oficinas de justicia municipales que podrán facilitar declaraciones por videoconferencia con sedes judiciales de toda España, expedir certificados o hacer trámites del Registro Civil.
En Catalunya hay 898 jueces de paz. Son la segunda autoridad del municipio tras el alcalde, son escogidos por el pleno municipal con la única condición de que no estén adscritos a ningún partido político y carezcan de antecedentes penales. No hacen falta conocimientos de derecho pero sí vocación de ayudar al municipio. Muchos son personas que una vez jubiladas solicitan el cargo.
La ley de eficiencia judicial olvidó mantener la potestad de los jueces de paz para celebrar bodas
“Somos un colectivo muy arraigado al territorio, que tenemos nuestras funciones jurisdiccionales y que somos percibidos como personas que dinamizamos la paz en el municipio. En pueblos pequeños muchas veces los problemas se solucionan tomando un café”, indica Francesca Terrón, jueza de paz de Salt y presidenta de la Asociación en Pro de la Justicia.
La presidenta de la asociación Pro Justicia, Francesca Terrón, interviene durante la recepción del presidente de la Generalita, Salvador Illa, en el Palau de la Generalitat,
Quique García / EFE
Sin embargo, la nueva ley de eficiencia, pese a preservar las funciones de los jueces de paz, olvidó mantenerles una de sus principales atribuciones, las bodas. Desde el 3 de abril no pueden celebrar enlaces civiles y están a la espera de que un decreto ley del Gobierno les permita volver a hacerlo. La jueza de Salt, además, reclama que se recuperen las audiencias individualizadas de los contrayentes, una especie vista previa con el juez para evitar matrimonios forzosos.
La nueva legislación da la potestad a los jueces de paz para enjuiciar delitos leves (antiguas faltas) que se cometan en su municipio, esto puede ser desde hurtos hasta injurias y calumnias, aunque para esto hace falta modificar la ley de enjuiciamiento criminal. También pueden recibir demandas civiles por cuantías inferiores a 150 euros y expedientes de conciliación de una cantidad inferior a 10.000 euros. El objetivo es reducir el colapso y derivar estos casos a la justicia de proximidad.
