La jueza de Familia Eliana Fortbetil ordenó el 14 de noviembre de 2025 que un hombre y su abogado realicen una capacitación en género, tras detectar en un escrito judicial expresiones “inaceptables” y cargadas de violencia simbólica. La medida surgió en una causa de cuidado personal en la que una mujer denunció que su ex pareja interrumpió el vínculo con su hija de 10 años, y apunta a prevenir prácticas discriminatorias en el ámbito judicial.
La jueza de Familia Eliana Fortbetil dispuso que un hombre y su abogado deberán realizar un taller obligatorio de capacitación en materia de género, luego de detectar en un escrito judicial “conceptos jurídicamente inaceptables” y expresiones que —según señaló— implican una afrenta al principio de progresividad en materia de igualdad. La resolución fue dictada el 14 de noviembre de 2025 en el marco de una demanda vinculada al cuidado personal de una niña de 10 años.
Perspectiva de género en un caso de cuidado personal
La medida disciplinaria se originó en una presentación realizada por una mujer contra su ex pareja, en la que denunció que el padre se llevó a la niña y cortó el contacto entre ambas, pese a que existía un acuerdo verbal de cuidado compartido. En la contestación de demanda, la magistrada advirtió expresiones “cargadas de violencia” y una “naturalización de las desigualdades”.
Según Fortbetil, tales afirmaciones evidencian la falta de nociones básicas de género que debe tener cualquier profesional del derecho que intervenga en procesos familiares.
Conductas reiteradas y advertencias previas
La jueza sostuvo que este tipo de proceder ya había sido advertido al letrado en otros expedientes. “Llegados a esta instancia, resulta intolerable y amerita un pronunciamiento preventivo frente a conductas reiteradas”, expresó en la resolución.
Importancia de la perspectiva de género en la Justicia
Fortbetil remarcó que incorporar perspectiva de género “no significa perder objetividad, sino ensanchar la mirada para visibilizar lo que históricamente fue silenciado”. También subrayó que cuando se utilizan expresiones que desacreditan o estigmatizan —especialmente hacia mujeres— es deber del Poder Judicial intervenir para frenar esas prácticas y reforzar un servicio de justicia con enfoque de derechos humanos.
Frases agraviantes y cuestionamientos impropios
La magistrada advirtió además frases dirigidas a desacreditar su función jurisdiccional, al señalar que en el escrito se intentó cuestionar su imparcialidad “con un lenguaje impropio”. También detectó expresiones “estigmatizantes y violentas” contra la demandante, configurando violencia simbólica, y contrarias al mandato de la Ley Micaela y las obligaciones de respeto profesional.
Capacitación obligatoria para evitar nuevas conductas
Fortbetil enfatizó que las resoluciones judiciales pueden ser revisadas por las vías procesales previstas, pero no mediante descalificaciones personales, ya que estas prácticas no constituyen un ejercicio legítimo de defensa sino estrategias que “exceden los límites éticos y procesales”.
Finalmente, la jueza ordenó que el abogado complete una capacitación del Programa de Formación en Género de la Ley Micaela, dictado por la Oficina de la Mujer del Tribunal Superior de Justicia, y acredite su cumplimiento bajo apercibimiento de una sanción económica.
