En un paso clave para la Justicia argentina, el Congreso sancionó en febrero pasado la ley que habilita el “Juicio en ausencia”, una figura jurídica que permite juzgar a personas acusadas de delitos graves, como los de lesa humanidad y terrorismo, aun cuando se encuentren prófugos o fuera del país. Esta normativa, largamente debatida y postergada, cobra especial relevancia en causas emblemáticas como el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido el 18 de julio de 1994, que aun sigue impune.
Sobre el juicio en ausencia
El juicio en ausencia permite que un proceso penal avance y llegue a sentencia sin la presencia del acusado, siempre que se garantice su derecho a defensa mediante representación legal y se hayan agotado todas las vías para que comparezca ante la Justicia. Esta figura ya existe en diversos países europeos y ha sido validada por tribunales internacionales.
En Argentina, donde el principio de presencialidad del imputado ha sido históricamente central en los procesos penales, la incorporación del juicio en ausencia representa un cambio profundo, motivado por la necesidad de enfrentar casos donde la impunidad se perpetúa por la imposibilidad de extraditar a los responsables.
La historia del juicio en ausencia: el debate en el Congreso
La intención de incorporar el juicio en ausencia al sistema penal argentino no es nueva. Desde hace más de dos décadas se han presentado proyectos, muchos de ellos motivados por la falta de avances en la causa AMIA. Sin embargo, el temor a vulnerar garantías constitucionales o los compromisos internacionales en materia de derechos humanos demoraron su tratamiento.
En los últimos años, sin embargo, el contexto internacional cambió, y los argumentos a favor del juicio en ausencia comenzaron a ganar fuerza. En 2022, el debate cobró nuevo impulso tras la escalada de tensiones geopolíticas y la consolidación de doctrinas que avalan la figura en casos de terrorismo.
El proyecto finalmente aprobado fue impulsado por el oficialismo y acompañado por sectores de la oposición, con fuerte respaldo de asociaciones de víctimas del terrorismo y referentes judiciales. Fue debatido en comisiones de Justicia, Legislación Penal y Derechos Humanos, y finalmente aprobado con mayoría amplia tanto en Diputados como en el Senado.
Durante el debate parlamentario, se destacaron dos límites fundamentales de la norma:
- Solo puede aplicarse en casos de extrema gravedad, como crímenes de lesa humanidad, terrorismo y genocidio.
- Debe garantizarse en todo momento el derecho a defensa del acusado, incluyendo la posibilidad de apelar o reabrir el proceso si se presenta voluntariamente ante la justicia.
Así, la Ley 27.784, que incorpora el juicio en ausencia al Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) y al Código Procesal Penal Federal (CPPF); fue sancionada en Argentina el 21 de febrero de 2025.
La ley prevé además que, si el acusado condenado en ausencia se presenta o es detenido posteriormente, tendrá derecho a solicitar la revisión del fallo, lo que refuerza el carácter excepcional y garantista de la medida.
El caso AMIA: una herida abierta
La aprobación de esta ley tiene un claro trasfondo: el atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que dejó 85 muertos y más de 300 heridos. A tres décadas del ataque, los principales sospechosos (funcionarios iraníes de alto rango) siguen sin responder ante la Justicia argentina; protegidos por su país de origen que se niega a extraditarlos.
Con el juicio en ausencia, Argentina podría finalmente juzgar y condenar a los responsables, incluso si Teherán persiste en su negativa. “Se trataría de un acto de justicia largamente esperado por los familiares y la sociedad en su conjunto”, aseguraron familiares de víctimas.
En este marco, el 26 de junio pasado, el juez federal Daniel Rafecas aplicó la ley de juicio en ausencia contra diez imputados por el atentado a la AMIA que permanecen prófugos.
Vínculos con los delitos de lesa humanidad
La nueva legislación también podría aplicarse en casos vinculados con la última dictadura cívico-militar (1976–1983), siempre que se den las condiciones establecidas por la ley: incomparecencia del acusado, negativa o imposibilidad de extradición, y garantías procesales adecuadas.
Aunque Argentina ha sido un ejemplo internacional en materia de juicios por crímenes de lesa humanidad, algunos acusados aún permanecen fuera del alcance judicial. Por lo tanto, el juicio en ausencia surge como una herramienta complementaria para cerrar esos vacíos de justicia.
Franco Fiumara: el juez matancero que fue clave para la sanción de la ley
Una figura fundamental en la gestación de esta ley fue el juez penal matancero Franco Fiumara, quien desde hace años viene impulsando la necesidad de incorporar esta figura al derecho argentino.
Fiumara, doctor en Ciencias Políticas y Ciencias Jurídicas, especializado en Israel y en Italia, quien trabaja desde hace más de veinte años el tema, incluso condecorado en Roma (de gran tradición en juicios “in absentia”, sobre todo contra la mafia) y docente de la Universidad Nacional de La Matanza, no solo aportó fundamentos jurídicos, sino que también participó activamente en foros, medios de comunicación y debates parlamentarios.
«El juicio en ausencia no es una amenaza al debido proceso, sino una defensa del Estado de Derecho frente a quienes se burlan de él. La impunidad no puede ser una opción», subrayó Fiumara.
Y agregó: «Esta ley tiene un destinatario claro: los prófugos del caso AMIA. También marca una línea hacia adelante en la lucha contra el terrorismo y la impunidad en todas sus formas. No es una herramienta de uso masivo, sino una excepción para delitos que claman justicia».
El magistrado destacó además el «valor simbólico y jurídico» de la norma: «La sanción de esta ley pone a la Argentina a la vanguardia en materia de derecho penal internacional. Y sobre todo, honra a las víctimas de la AMIA y a los familiares que no bajaron los brazos».
Una deuda que empieza a saldarse
La aprobación del juicio en ausencia representa un avance en la búsqueda de justicia en Argentina. No reemplaza a los procesos presenciales ni debe utilizarse de forma generalizada, pero constituye un recurso excepcional para casos excepcionales.
La historia dirá si esta ley logra cumplir su cometido. Por lo pronto, es un paso firme hacia un país más comprometido con la memoria, la verdad y la justicia.
