El Gobierno pidió a la jueza estadounidense Loretta Preska suspender el fallo que obliga al país entregar las acciones de YPF a los demandantes hasta tanto no se resuelva la apelación, trámite que se realizaría en los próximos días. El reclamo se concretó este martes a la tarde a través de una presentación realizada por el estudio de abogados que representa a la Argentina en Nueva York.
Durante toda la jornada del martes había primado el hermetismo en Casa Rosada acerca de los pasos a seguir en cuanto al polémico fallo judicial. «Estamos trabajando el tema. Hay un equipo de la Procuración del Tesoro preparando la apelación», esgrimió un alto funcionario al ser consultado sobre el fallo de la Justicia de Estados Unidos que este lunes le ordenó al Estado argentino entregar el 51% de las acciones de YPF a los demandantes por la expropiación que realizo el kircherismo, en 2012. Por un tema de «confidencialidad», los abogados del Ejecutivo evitaron dar precisiones sobre cuándo recurrirán la resolución de la jueza Loretta Preska pero aún tienen «dos semanas» para cumplimentar el trámite.
Sin embargo, en paralelo, el estudio Sullivan & Cromwell LLP, contratado por la Procuración, realizó una presentación ante el juzgado neoyorquino pidiendo suspender el fallo que obliga al país entregar las acciones de YPF a los demandantes al tiempo que anticipa la apelación a la citada resolución.
El documento, además, puntualiza la buena relación entre el Gobierno y la administración de Donald Trump que, asegura, apoyó a la Argentina en distintos foros. Y también anunció que, de no ser otorgada esa medida por la corte presidida por Preska, acudirá a un tribunal superior para conseguirla.
Es que en el Ejecutivo deslizaron que, hasta que no haya una resolución definitiva de la controversia, no se sentarán a negociar con el fondo Burford Capital, que encabeza la demanda por la estatización de la petrolera argentina.
Lo cierto es que la presentación del buffet norteamericano pidió que no se ejecute la orden mientras se tramita la apelación o, al menos, «que se dicte una suspensión provisoria para poder acudir al tribunal de apelaciones».
Los letrados argumentan que «se cumplen los requisitos legales para suspender la medida: existe una alta probabilidad de éxito en la apelación; habría un daño irreparable si se ejecuta la orden; los demandantes no sufrirían un perjuicio significativo con la suspensión; y el interés público justifica mantener el estado actual». Se señala, además, que la orden plantea cuestiones jurídicas complejas «sobre la ejecución de bienes de Estados extranjeros, que no han sido resueltas por la justicia de EE.UU. y sobre las que incluso el propio gobierno estadounidense tiene una opinión distinta a la del tribunal».
El propio Javier Milei habia adelantado, a través de su cuenta de X, que la Procuración, que lidera Santiago Castro Videla, iba a recurrir un fallo contrario a los intereses de Argentina, al que no evaluó «en la cuestión de fondo» pero el que utilizó para embestir nuevamente contra el gobernador Axel Kicillof por supuestamente ser responsable de haber llevado a la Argentina a recibir un «cachetazo» legal de la justicia norteamericana.
En el Gobierno deslizaron este martes que el equipo de Procuración que se encarga de apelar dicha resolución es coordinado el subprocurador Juan Ignacio Stampalija, que es orientador en Arbitraje, Litigios y Contratos Internacionales, y ha sido docente en la Universidad Austral.
Sin embargo, las fuentes oficiales consultadas por este diario evitaron precisar cuándo se realizaría la apelación a la resolución de Preska. «Estamos por estas horas definiendo los tiempos pero un tema de estrategia y confidencialidad aún no lo comunicaremos», indicaron desde el organismo que reúne a los abogados del Estado.
Es un tema clave para el Ejecutivo pero este martes no fue parte de la reunión de gabinete que encabezó Milei, según las fuentes consultadas. Se trata del juicio contra Argentina «más relevante» pero por un tema técnico el mandatario ha dejado la respuesta en manos de la Procuración.
Desde la Casa Rosada, con todo, sostienen que la nueva decisión de la jueza Preska resulta una medida «dramática» para YPF y que por ello apelarán todas las veces que haga falta, porque entienden, «es un juicio que va a durar años». La petrolera queda expuesta a un fallo que tarde o temprano debería pagar -la primera sentencia alcanza los US$ 16 mil millones- y que le representa un perjuicio económico gigante, con impacto además en los mercados y derivaciones negativas para el propio Gobierno.
En la reunión de gabinete, que comenzó a las 9.30 en el Salón de los Científicos y se prolongó durante una hora y media, no hubo asistencia completa. El ministro Luis Petri (Defensa) estuvo ausente con aviso por encontrarse en los Estados Unidos, donde este martes mantuvo una reunión con las autoridades del Pentágono.
Pero sí hubo en Casa Rosada, donde nuevamente se aplicó un insidioso protocolo de seguridad que impide a la prensa asomarse por los vidrios del Patio de las Palmeras cuando ingresa el Presidente y los ministros, un invitado sorpresa: el escritor libertario Axel Kaiser. Se trata de uno de los referentes de la Fundación El Faro, el think thank libertario en el que talla fuerte Santiago Caputo, que habló sobre su último libro, «Parásitos mentales», en un encuentro en el que los funcionarios escucharon, debatieron y hablaron «poco de gestión».
En este sentido, las fuentes consultadas aseguraron que el juicio contra YPF no fue discutido durante el encuentro. Este lunes Preska había ordenado a la Argentina entregar el 51% de las acciones de la petrolera presidida por Horacio Marín para pagar una indemnización equivalente a US$ 16.000 millones por la expropiación de la petrolera en 2012, que la expresidenta Cristina Kirchner definió en ese momento como “una recuperación de la soberanía y control de los hidrocarburos” y puso al frente de la intervención a Axel Kicillof, por ese entonces secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo: y a Julio de Vido, exministro de Planificación Federal.
La decisión de la jueza del Distrito Sur de Nueva York se enmarca en la causa iniciada por el fondo Burford Capital, que compró los derechos de juicio de dos empresas del Grupo Petersen, Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, dos sociedades creadas y radicadas en España de la familia Eskenazi. Inicialmente, la magistrada desligó a YPF y falló directamente contra la Argentina. Pero ahora le ordenó al Estado entregar las acciones “Clase D” que están en su poder, 51% del total, por lo que el país perdería el control que tiene en la compañía, hoy mayoritario, a través de la Anses y el Tesoro.
