El grupo de Junts en el Parlament de Catalunya abrió este miércoles la caja de Pandora y también la puerta a revisar la muy controvertida proposición de la nueva ley del taxi, de la última norma en torno al transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, de la regulación del sector llamada en principio a barrer del área metropolitana de Barcelona la competencia de los coches con licencias VTC que captan a sus clientes mediante las aplicaciones de Bolt, Uber y Cabify.
A muchos taxistas se les puso cara de circunstancias y estupefacción, y un montón de propietarios de licencias VTC suspiraron esperanzados. La expectación durante la mañana en la Ciutadella era máxima. En la platea del hemiciclo, numerosos representantes de los sectores en este asunto enfrentados. Los grupos tenían que debatir la enmienda a la totalidad de la proposición presentada por Vox. En verdad, apenas un trámite.
PP, Vox y Aliança Catalana también se muestran muy críticos con esta iniciativa aún en ciernes
Todo el mundo sabía que la objeción de la formación ultra no prosperaría de ninguna manera y que de este modo arrancaría la tramitación de la polémica proposición de ley. Pero sí que despertaba toda la curiosidad del mundo escuchar lo que tenían que decir ahora los mismos grupos que allá por el mes de septiembre del año pasado presentaron esta iniciativa: PSC, ERC, Junts, Comuns y la CUP. ¿Acaso ya está todo escrito y decidido y todos defenderán su propuesta inicial o en cambio se mostrarán dispuestos a realizar alguna modificación, a plantear enmiendas y debatirlas durante los próximos meses?
Porque el panorama cambió una barbaridad desde aquel septiembre, desde que los taxistas más batalladores se proclamaron vencedores de la guerra del taxi. Muchos comerciantes y restauradores manifestaron su preocupación ante este analógico viaje de Barcelona a los años noventa, los propietarios de las licencias VTC se recompusieron del impacto inicial, sus chóferes se sublevaron una y otra vez hasta protestar ante las mismas puertas del Mobile World Congress.
Y entretanto las dudas en torno a la viabilidad jurídica de esta propuesta de regulación no hicieron otra cosa que multiplicarse. Hace pocos días La Vanguardia dio a conocer un informe de la fundación Bosch i Gimpera que concluye que esta proposición, caso de finalmente aprobarse, contravendrá el derecho europeo, que en pocos años la tumbará el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La primera intervención durante el debate de ayer fue la del socialista José Ignacio Aparicio. Sus palabras fueron las esperadas. El del PSC defendió la viabilidad y la bondad de la propuesta. A su juicio la tramitación de esta norma servirá principalmente para recortar algunos flecos. La sorpresa saltó después, con la intervención de Montse Ortiz en nombre de Junts. Todo el mundo esperaba que este grupo adoptara una postura más crítica, pero muy pocos auguraban tanta contundencia.
La de Junts acusó al Govern de poner en juego el sustento de miles de familias, de no haber ni escuchado ni considerado a todas las partes enzarzadas en este conflicto, de impulsar una norma que a todas luces chocará con la libre competencia y el derecho europeo… “Gobernar consiste básicamente en consensuar y resolver problemas –dijo Ortiz–, y eso es precisamente lo que esta fallando hoy. Necesitamos una nueva regulación, y esta propuesta se ha de mejorar con enmiendas y diálogo. Ahora tenemos la oportunidad de mejorar esta proposición de ley”.
Luego ERC, Comuns y la CUP se mostraron mucho más afines a la propuesta inicial, y el PP, Vox y Aliança Catalana subrayaron de nuevo su desconfianza y la necesidad de modificarla. De modo que, de nuevo, las espadas están en todo lo alto.
Las partes enfrentadas
Del “no los necesitamos” al “aún hay partido”
Los representantes de los profesionales enfrentados en la guerra del taxi no pasaron por alto la postura de Junts en este arranque de tramitación. Alberto Álvarez, alias Tito, de Élite Taxi, dijo que la propuesta inicial de regulación aún cuenta con una mayoría parlamentaria suficiente. “No los necesitamos –dijo Tito sobre Junts–. Únicamente les pido que no usen el taxi como arma política”. José Manuel Berzal, de Unauto VTC, de la patronal española de este sector, señaló que “aún tendemos la mano a todos los grupos del Parlament para introducir cambios mediante las enmiendas y propiciar entre todos un ecosistema de movilidad justo y equilibrado”.
Nacido en Salamanca en 1974. Licenciado en Sociología por la Universidad de Granada. Máster en Periodismo Les Hueras de la Universitat de Barcelona. Premio Josep Maria Huertas Clavería en 2008 por su obra Mudanzas . Desde el año 2000 escribe reportajes en La Vanguardia , en su mayor parte sobre el ámbito local.
