La ruptura el gobierno del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona y Junts, el principal grupo de la oposición, no es total, mantiene vivos algunos rescoldos para futuros acuerdos. Después de que se alejara, al menos por ahora, la posibilidad de una alianza para revisar y modificar la normativa que obliga a reservar para vivienda social un 30% de las nuevas promociones y grandes rehabilitaciones, Junts ha anunciado hoy que, en la comisión de Presidencia que se celebrará mañana, permitirá iniciar la tramitación de la modificación de la ordenanza de la convivencia en el espacio público. Lo hará absteniéndose, pero sin garantizar que después del verano, en la votación definitiva, esa abstención inicial se vaya a convertir en un sí.
La abstención de Junts no asegura al gobierno de Jaume Collboni que la revisión de la ordenanza vaya a superar el primer obstáculo. Dependerá de la actitud del resto de grupos de la oposición. BComú no parece en este momento un socio propicio para nada, y aún menos en este asunto. ERC mantiene una relación preferente con el PSC y podría facilitar las cosas, y PP y Vox también estarían en condiciones de sumar para hacer mayoría. Lo que ahora interesa a los socialistas es pasar la prueba de la comisión para abrir camino a una reforma que, junto a la de la norma del 30%, constituye uno de los retos principales de la segunda mitad del mandato.
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El presidente del grupo de Junts, Jordi Martí Galbis, ha dejado muy claro que la abstención de hoy “no presupone nada” de cara a la votación definitiva. “No tenemos decidido qué haremos y no lo decidiremos hasta el final”, ha reiterado el jefe de filas de la formación independentista. Martí no ha escatimado críticas al gobierno municipal por no haber tenido “voluntad política” de aplicar una ordenanza “obsoleta”. El presidente del grupo de Junts ha puesto en el mismo saco a la exalcaldesa Ada Colau y a su antiguo socio y actual alcalde, Jaume Collboni, gobiernos “buenistas” que “han dimitido de sus responsabilidades”.
La revisión de la ordenanza del civismo que plantea el gobierno municipal, y que en gran parte coincide con las propuestas de Junts, va en la línea de endurecer las sanciones y hacer realmente efectivos los castigos a comportamientos como los que atentan contra la libertad sexual, los grafitis no autorizados, los botellones, los ruidos y la perturbación del descanso de la vecinos o los pipis de los perros, por citar algunos. También persigue una mayor eficacia a la hora de cobrar las multas, una cuestión nunca resuelta y que suele convertir las normas en papel mojado, y un uso más frecuente de las medidas alternativas a la sanción económica.
Garantías de cobro de las sanciones
Martí ha explicado que, de entrada, en la negociación discreta que ha mantenido con el PSC, Junts ha logrado ya incorporar algunas mejoras: garantías en la aplicación de la ordenanza y en el cobro de las multas a los turistas y la incorporación de la figura del “incívico multirreincidente”. Junts también está favor de incrementar la cuantía de algunas sanciones y de apostar por las medidas alternativas.
Mientra a Collboni se le abre una vía para aprobar la ordenanza del civismo, la del 30% sigue cerrada. Martí ha reprochado al alcalde que diga ahora que guarda la revisión de esta norma en un cajón hasta el próximo mandato. “Siempre la ha tenido en un cajón”, ha replicado el dirigente de Junts. El presidente del principal grupo de la oposición ha afirmado que el único responsable de que la modificación del 30% no prospere es Collboni “por sus intereses políticos y los del PSC”. “Quiere hacer gobierno con los comunes y esta es una línea roja para ellos”, ha sentenciado.
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Martí ha añadido que Junts siempre está dispuesto a negociar. En este sentido ha recordado que hace unos días su grupo tumbó una modificación de crédito del presupuesto prorrogado por valor de 100 millones de euros para no ceder a las “imposiciones” del gobierno. “Ahora _ha explicado_ hemos negociado y han transformado ese expediente en dos, uno para la aportación del Ayuntamiento al transporte público con la transferencia a la ATM y otro de ampliación del gasto del capítulo 1 para afrontar los aumentos de las nóminas de los trabajadores municipales”.
