La justicia emana del pueblo y tiene que ser no solo preocupación sino también ocupación del pueblo, de los ciudadanos.
La entrada en vigor hoy de la ley 1/2025 de Eficiencia Procesal supone una auténtica transformación del mundo judicial y del propio concepto de justicia. Además de modernizar e intentar hacer mucho más eficiente el modelo de oficina y estructura de los órganos jurisdiccionales, esta ley apuesta por la participación de todos en la resolución de conflictos a través de los ahora llamados medios adecuados de solución de conflictos (MASC), que, en esencia, son mecanismos no judiciales a través de los que se debe intentar llegar a un acuerdo antes de acudir a la vía judicial. La gran novedad es que en la mayoría de los procedimientos civiles no se admitirá a trámite la demanda sin que se acredite que previamente se ha intentado buscar una solución extrajudicialmente.
La ley de Eficiencia Procesal apuesta por la participación de todos en la resolución de conflictos
Aunque pueda parecer que el único objetivo es reducir la carga de trabajo de los órganos judiciales y el ahorro de costes públicos, lo cierto es que los MASC persiguen, fundamentalmente, la satisfacción del ciudadano, puesto que al tratarse de sistemas de autocomposición son las propias partes las que finalmente configuran un acuerdo ajustado a sus verdaderos intereses.
El ahorro de dinero, tiempo y disgustos es enorme, puesto que una sentencia difícilmente puede satisfacer ni siquiera al vencedor. En un procedimiento judicial solo se conoce la punta del iceberg de la problemática entre las partes, se conocen las posiciones pero no los intereses reales que, muchas veces, no son manifestables. En definitiva, una sentencia es la peor solución, aunque en muchas ocasiones sea la solución , al ser difícil conocer todas las aristas del conflicto en el procedimiento judicial, a diferencia de lo que sucede con la mediación o la conciliación, en las que con unas sencillas técnicas se explora profundamente la situación.
La ley de Eficiencia Procesal apuesta por la participación de todos en la resolución de conflictos
Ante la entrada en vigor de la nueva ley, todos los colectivos jurídicos y no jurídicos se han volcado en organizar y potenciar centros de mediación, conciliación y otros MASC, extendiéndose por toda la geografía nacional cursos de formación para afrontar este reto. La predisposición de todos los colegios y asociaciones profesionales es total y absoluta pero, pese a ello, el éxito no está asegurado. El éxito va a depender de dos importantes grupos: los abogados y los órganos judiciales. Los primeros deben tener la convicción de la utilidad de estas herramientas y exprimirlas al máximo para evitar la vía judicial. Los jueces y letrados de la administración de justicia deben ser exigentes con el grado de intento de acuerdo exigible para la admisión de las demandas. Estamos seguros de que va a ser así y de que el intento de acuerdo no se va a convertir en un mero trámite sin contenido real.
En definitiva, de triunfar la reforma todo serán ventajas: beneficios para las partes, beneficios para la sociedad, incremento del bienestar y de la felicidad.
Es una gran oportunidad, no la desperdiciemos. Justicia somos todos.
