Agostina Páez (29), la abogada argentina acusada de realizar gestos racistas en un bar de Brasil, se reencontró este sábado por la noche con su familia en Río de Janeiro y denunció que es víctima de “mucho ensañamiento” y que teme por su vida. “Me quieren matar”, aseguró en declaraciones a TN, donde habló sin mostrar su rostro.
Pasadas las 20 (hora argentina), la joven -que continúa imputada por la Justicia brasileña y no puede regresar al país- se fundió en un abrazo con su padre, Mariano Páez, y con su hermana Justina, de 16 años, tras casi un mes sin verse.
En diálogo con TN, la abogada afirmó que vive una situación de extrema exposición: “No quiero mi cara más por ningún lado, al menos aquí en Brasil. Hay una campaña antifascismo con mis imágenes. Estoy en peligro, recibo amenazas constantemente. No puedo salir a ningún lado porque estoy muy expuesta. Están haciendo stickers con mi cara por todos lados. Es demasiado”.
Agostina había sido trasladada este viernes al mediodía a una sede de la Policía Civil de Río de Janeiro, luego de que la Justicia ordenara su prisión preventiva por un episodio ocurrido en un bar de Ipanema. Sin embargo, horas más tarde, la defensa logró que esa medida fuera revocada.
A partir de esa resolución, la abogada seguirá imputada y deberá cumplir una serie de condiciones: permanece en el mismo departamento del que había sido retirada por la Policía, está monitoreada con una tobillera electrónica y tiene prohibido salir de Brasil.
Si bien se encontraba bajo estas restricciones desde el 21 de enero, esta semana la Justicia local consideró que existía riesgo de fuga y dispuso su detención preventiva, decisión que luego fue revertida.
En ese sentido, Agostina cuestionó el accionar de las autoridades: “Ayer fue un calvario porque me ponían muchas trabas, incluso desde la Policía, a pesar de que ya estaba la orden de que me liberen. Me filmaban, exponían mis cosas. Me siento muy desprotegida. Hay gente que me odia. De todo me dicen”.
La joven, oriunda de Santiago del Estero, sostuvo que no puede referirse al fondo de la causa, pero negó haber mentido: “No puedo hablar de los hechos. Lo único que voy a decir es que no mentí en nada. Decían que había dicho otros insultos y es mentira. Hay mucho ensañamiento, me quieren matar. Quisiera contar todo, pero no puedo”.
Sobre su situación procesal, detalló que deberá presentarse una vez por mes ante la Justicia brasileña, entre el 1 y el 10, aunque aún no hay una fecha definida para un eventual regreso a la Argentina.
Su padre, Mariano Páez, también habló con el canal y expresó alivio tras el reencuentro: “Sentí mucho miedo, temí por la vida de ella. Ahora me siento tranquilo de que está acompañada”.
Además, explicó que permanecerán junto a ella en Río de Janeiro durante las próximas semanas: “Vamos a quedarnos en el mismo edificio, una o dos semanas. Nos reuniremos con los abogados y posiblemente con el cónsul. Mi deseo es que ella pueda volver al país. Fue un gesto inconsciente, está muy arrepentida”.
Agostina está acompañada además por su abogado en Brasil, Jorge Roitman, bajo la supervisión de Sebastián Robles, el letrado que la representa en Argentina.
La abogada está imputada por el delito de injuria racial, que en Brasil contempla penas de entre dos y cinco años de prisión efectiva. A diferencia de la Argentina, donde las condenas de cumplimiento efectivo rigen a partir de los tres años, en el sistema brasileño se aplican cuando la pena supera los cuatro.
El hecho que se le imputa ocurrió el 14 de enero, cuando fue filmada realizando gestos considerados racistas hacia empleados de un bar de la ciudad carioca. Según su versión, se trató de una reacción ante provocaciones previas. Uno de los trabajadores la denunció y la Policía Civil dio por concluida la investigación el 23 de enero, al considerar que el video era prueba suficiente.
Con posterioridad, se conoció una grabación de una cámara de seguridad del local en la que se observa a uno de los meseros gritándole en la vía pública y realizando un gesto obsceno. Por este episodio, la defensa de Páez presentó una denuncia penal para que se investigue la conducta del empleado.
