La cooperativa de seguros La Nueva, históricamente vinculada al transporte de pasajeros y especialmente al sector de taxistas, enfrenta una crisis sin precedentes. La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) detectó múltiples irregularidades en sus balances, y decidió prohibirle continuar con la emisión de pólizas, así como disponer de sus bienes o gestionar operaciones de reaseguro.
Según fuentes del sector asegurador, La Nueva mantiene cientos de juicios pendientes de pago, en su mayoría relacionados con siniestros vinculados al transporte público. Además, arrastra una deuda total que superaría los 4.000 millones de pesos.
La situación se agravó cuando la empresa no respondió a los requerimientos documentales solicitados por la SSN, lo que motivó una auditoría más exhaustiva. La resolución que oficializa las restricciones a su operatoria, la 382/2025, fue publicada en el Boletín Oficial y fundamenta la decisión en una evaluación técnica que arrojó «incumplimientos graves».
En su último balance presentado con demora, correspondiente al 31 de marzo, la firma admitió una “situación financiera transitoria” que la dejó prácticamente incapacitada para afrontar sus compromisos.
En paralelo, La Nueva fue notificada recientemente de un embargo judicial por más de $300 millones, lo que provocó una seguidilla de reclamos similares por parte de otros acreedores.
Desde la Superintendencia apuntan directamente a la dirigencia de la cooperativa por “falta total de colaboración”, ocultamiento de pasivos judiciales, deudas impositivas y diferencias patrimoniales sin justificar. Además, advierten sobre un desorden contable generalizado que impide conocer con certeza el verdadero estado financiero de la entidad.
El futuro de La Nueva, una de las compañías que supo ganarse la confianza del gremio de taxistas durante décadas, pende de un hilo mientras se multiplican los reclamos y las autoridades buscan frenar mayores perjuicios al sistema asegurador.