La Asociación del Rifle Argentina salió al cruce del intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, luego de que el jefe comunal hiciera referencia a proyectos del diputado provincial Leonardo Moreno vinculados al control de armas.
La Asociación del Rifle Argentina cruzó a Ariel Sujarchuk por “mentiras y desinformación”
El secretario general de la entidad, Enrique Oscar Otero, calificó las declaraciones de Sujarchuk como “mentiras y falsedades” que, según sostuvo, buscan equiparar a los legítimos usuarios (LU) con los delincuentes que utilizan armas ilegales.
“No entendemos por qué manipulan deliberadamente la realidad para instalar que los LU y los delincuentes armados son lo mismo, o que se arman en los mismos lugares. Eso es falso”, advirtió Otero.
Desde la Asociación señalaron que detrás de los discursos oficiales se esconde un intento de “desarmar a los ciudadanos civiles”, lo que —según afirmaron— dejaría a la población a merced de la delincuencia. Además, remarcaron que el marco normativo actual solo modernizó trámites y requisitos en línea con la digitalización post pandemia, sin flexibilizar el acceso a las armas.
La organización también recordó que el derecho a poseer y comercializar armas “existe desde antes de la propia Constitución Nacional”, en referencia a los pactos preexistentes mencionados en su preámbulo.
Críticas a la política de seguridad
Otero sostuvo que el verdadero problema es la falta de control sobre el mercado ilegal y apuntó contra el rol del Estado:
“Si quieren hacer las cosas bien deberían reformar la Justicia y profesionalizar a las policías para ir a buscar las armas ilegales, que en gran parte salen de los propios arsenales oficiales y judiciales”, señaló.
Asimismo, rechazó que se intente vincular a los usuarios registrados con el comercio clandestino:
“Es antieconómico para los delincuentes ir a buscar armas de a una en casas particulares. Lo más fácil es recurrir a depósitos oficiales mal custodiados. Eso es lo que deberían resguardar, no un revólver calibre .32 que está en una familia hace 100 años”.
La polémica vuelve a poner en el centro de la agenda el debate sobre la tenencia civil de armas y la necesidad de diferenciar entre usuarios legales y el crimen organizado.
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